Las denuncias abarcan además supuestos malos tratos y abusos, incluso de carácter sexual, por parte de las autoridades que gestionan las ERM hacia los migrantes, que llegan a Panamá.
Por EFE
Una relatoría especial de la ONU manifestó su «grave preocupación» por «las condiciones de recepción» de los migrantes irregulares que llegan a Panamá tras atravesar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica, ante las «continuas denuncias sobre las condiciones inhumanas» de las estaciones a las que son llevados en el país centroamericano.
En un informe entregado al gobierno de Panamá en diciembre pasado, al que tuvo acceso EFE este jueves, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes alerta de las denuncias sobre «las condiciones supuestamente precarias e insalubres» de las llamadas estaciones de recepción migratoria (ERM) de Panamá.
Las denuncias abarcan además supuestos malos tratos y abusos, incluso de carácter sexual, por parte de las autoridades que gestionan las ERM hacia los migrantes, que llegan a Panamá tras recorrer varios países suramericanos y cruzar la peligrosa selva del Darién, según el documento del organismo mundial.
El escrito hace énfasis en que según la información recibida, en las ERM las personas migrantes irregulares «se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica», a un costo de 40 dólares por persona que deben asumir los viajeros, muchos de los cuales carecen de fondos, por lo que quedan atrapados allí.
Esto es así «aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención», señala el documento, firmado por el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y otros seis funcionarios de relatorías y expertos independientes de la ONU.
«Sin prejuzgar la veracidad de estas alegaciones (…) nos preocupan gravemente las condiciones de recepción de las personas migrantes», dada «la insuficiente atención proporcionada a las necesidades básicas» en las ERM y «la falta de acceso a mecanismos de justicia y reparación para aquellas personas que han sido víctimas de violencia, entre otras».
La ONU indicó que «preocupaciones similares» fueron transmitidas en meses anteriores al Gobierno panameño pero que, «hasta la fecha», de diciembre pasado, no se había «recibido ninguna respuesta» por su parte.
«De ser confirmadas, las situaciones descritas constituirían violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes», indicó el documento, de 18 páginas.
Los relatores y expertos independientes de la ONU expresaron además su «más profunda preocupación por la actual situación de desprotección que afecta a las personas migrantes que transitan e intenta cruzar el Tapón del Darién, donde enfrentan graves riesgos para su salud e integridad física que ponen en peligro su vida y donde se encuentran expuestos a sufrir abusos generalizados y violaciones de los derechos humanos por parte de grupos criminales».
Las ERM están situadas en las fronteras sur (Colombia) y norte (Costa Rica) de Panamá. Allí los migrantes en tránsito reciben atención sanitaria y alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que permite a Panamá contabilizarlos: 248.284 en el 2022 – una cifra sin parangón – 133.726 en el 2021 y 30.055 de 2016, durante la primera crisis migratoria debido al paso de cubanos.
El Gobierno panameño, no obstante, aduce que ningún otro país en América ofrece este tipo de asistencia a los migrantes en tránsito, en lo que que ha invertido desde el 2020 al menos 50 millones de dólares según sus cifras.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que decretó medidas a favor de los migrantes en mayo de 2020 debido al hacinamiento y los casos de covid en las ERM, visitó estas instalaciones en marzo de 2022 y posteriormente levantó las medidas ordenadas al país para garantizar los derechos a la salud y la vida de esos viajeros, informó en junio pasado el Gobierno.