En el periodo electoral entre mayo y octubre, la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos.

Por EFE

Las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que el presidente Daniel Ortega obtuvo un 75 % de los votos, estuvieron rodeadas de numerosas irregularidades y se impidió participar en ellas a la mayor parte de la oposición, dictaminó hoy la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, aseguró hoy que en esas elecciones Nicaragua perdió la oportunidad de avanzar «hacia una solución pacífica y democrática de la crisis política, social y de derechos humanos que afecta al país desde 2018».

En lugar de ello, «el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses para participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder», aseguró.

En el periodo electoral entre mayo y octubre, la oficina de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet documentó la detención arbitraria de al menos 39 políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, periodistas y líderes campesinos y estudiantiles, entre ellos siete posibles candidatos a los comicios.

Todos ellos «fueron detenidos en base a disposiciones legales incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos», subrayó Al-Nashif, quien denunció que 35 de esas personas siguen detenidas en el centro de prisión preventiva «Nuevo Chipote», en las afueras de Managua.

«Muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y sólo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas», lamentó la «número dos» del alto comisionado en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos sobre Nicaragua.

Las condiciones en las que permanecen estos detenidos suponen un riesgo real para su integridad física y psíquica, y pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes o incluso llegar a constituir torturas, afirmó en su intervención.

A estos arrestados la oficina de la ONU suma otros ocho activistas y periodistas detenidos durante el fin de semana electoral y en las jornadas posteriores, de los que sólo tres han sido liberados, mientras el resto están también recluidos en régimen de incomunicación.

La alta comisionada adjunta subrayó que todas las personas detenidas arbitrariamente «deben ser puestas en libertad de inmediato», y también debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que la perdieron en los meses previos a los comicios.

En este sentido, Al-Nashif recordó que tres partidos políticos perdieron su personalidad jurídica antes de las elecciones, «dejando a importantes grupos políticos que surgieron de las protestas de 2018 sin la capacidad de presentar candidatos».

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