En las elecciones de noviembre Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará 42 años de dominio de la política en Nicaragua.
Por EFE
Las organizaciones sociales Urnas Abiertas y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más calificaron este miércoles de «persecución judicial» el arresto de varios dirigentes políticos y sociales opositores nicaragüenses, investigados por supuesta traición a la patria o lavado de dinero.
Las acusaciones e investigaciones contra el grupo de opositores, en su mayoría líderes de la disidencia, son «prueba de la persecución judicial, guerra jurídica o lawfare, que ha sido utilizada como estrategia represiva desde mayo con el objetivo de eliminar toda competencia electoral, utilizando el Poder Judicial con fines extrajudiciales a favor de los intereses del Ejecutivo» que preside Daniel Ortega, señaló Urnas Abiertas.
La más reciente acusación fue emitida el martes por la Fiscalía de Nicaragua contra el periodista Carlos Fernando Chamorro, crítico de Ortega, por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva.
Chamorro es investigado dentro de la causa contra la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirige su hermana Cristiana, arrestada en junio pasado luego de mostrar su interés en ser candidata a la Presidencia.
«La Policía y Fiscalía, en complicidad con el Poder Judicial, actúan de forma arbitraria e inconstitucional con acusaciones que confirman el estado de terror dirigido a silenciar a la sociedad que demanda libertad, verdad, justicia y el derecho a vivir en democracia», señaló, por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El Colectivo también condenó la decisión estatal de ordenar arrestos de 90 días a los opositores, quienes sufren «aislamiento equivalente a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sin comunicación con sus familiares y su defensa, en consecuencia, se trata de verdaderos secuestros que violentan todos sus derechos».
Urnas Abiertas relacionó las acciones judiciales con las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega busca su tercera reelección consecutiva y segunda con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Según Urnas Abiertas, Ortega ha provocado «la erosión de las condiciones necesarias para un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado».
Por ello, calificó de «urgente que la comunidad internacional avance hacia el desconocimiento de las elecciones 2021 y el señalamiento de que el Gobierno de Nicaragua no cuenta con legitimidad de origen».
Por su lado, el Colectivo insistió en «el cese de la persecución y aplicación de leyes inconstitucionales y arbitrarias y la libertad plena de las más de 150 personas presas políticas en Nicaragua».
En las elecciones de noviembre Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará 42 años de dominio de la política en Nicaragua.