El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos.

Por Revista Summa

La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que las violaciones a los derechos humanos y la situación que prevalece en Nicaragua desde abril de 2018 “conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.

Conforme a su mandato, la Comisión presenta su informe para la consideración del Consejo Permanente de la OEA.

Según la comisión las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987.

El Gobierno de ese país ha mostrado un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos, por ejemplo: hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano, afirma la organización.

Numerosos órganos de derechos humanos han identificado un grave y constante patrón de acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al Gobierno, en particular, los profesionales de la salud, periodistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, presos políticos liberados y manifestantes.

La comisión pudo escuchar los testimonios de varias víctimas y partes interesadas, quienes validaron la información que ya habían proporcionado entidades internacionales independientes sobre la situación en dicho país.

Además el organismo aprovecha la oportunidad para agradecer a la Secretaría de la OEA, los Gobiernos de Argentina, Canadá, Jamaica, Paraguay y Estados Unidos por el apoyo brindado, así como al Gobierno de El Salvador por haber permitido a esta Comisión reunirse en su país con importantes testigos.

Por último, la Comisión también agradece a los testigos quienes dieron pruebas de valor y determinación, arriesgando su seguridad para compartir sus experiencias y apoyar la labor de esta Comisión.

Esas medidas adoptadas por Ortega “hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”, concluye el informe. 

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