El gobierno hace un llamado público a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que analicen y dictaminen a favor de los intereses guatemaltecos. 

Por Revista Summa

Una reciente evaluación presentada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) muestra que Guatemala incumplió con los estándares de transparencia.

Ante este panorama el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) informa que en 2016 logró como muestra de la voluntad política del país, particularmente del ejecutivo y legislativo reflejar avances reales en materia de transparencia e intercambio de información fiscal, luego de que en la última década no se lograra consensos en materia fiscal.

Lo anterior con la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia Administrativa Tributaria (SAT) que dio paso al acceso a información bancaria con fines tributarios, por medio de la adición del Artículo 30 C al Código Tributario que entró en vigencia a partir de Febrero 2017.

En ese mismo año se ratificó y depositó en la sede de la OCDE en Francia, la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y se alcanzó la calificación de «conforme en gran medida con el estándar internacional», con lo que se logra mejorar su posición subiendo dos categorías ante el Foro Global de la OCDE, luego de la revisión acelerada de informes «fast track» realizada en Panamá en junio de 2017.

Con estas acciones Guatemala sale de la lista de países NO cooperantes y obtiene una posición que le permite ser reconocida  nivel internacional como un país comprometido con adoptar estándares para el intercambio de información con fines fiscales.

Sin embargo, se detiene el proceso para continuar con los procesos en materia de transparencia fiscal, luego que la Corte de Constitucionalidad decretara suspensión provisional, sobre el acceso a información bancaria con fines tributarios.

Luego de un año de esta resolución, Guatemala NO logra ningún avance, tiempo en el que la OCDE evalúa nuevamente al país centroamericano emitiendo un resultado negativo, que marca un retroceso en los avances alcanzados anteriormente.

El gobierno hace un llamado público a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para que analicen y dictaminen a favor de los intereses guatemaltecos, ya que esta suspensión afecta la imagen del país y anula los grandes esfuerzos para consolidar una cultura de transparencia en Guatemala.

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