Entre las economías de la OCDE y otras economías importantes, la mayoría de los países han incluido en sus estrategias de recuperación medidas dirigidas a apoyar la transición hacia economías más ecológicas.
Por Revista Summa
En muchos países, las medidas de recuperación «verde» son el eje principal de los planes de reactivación diseñados para impulsar un crecimiento económico sólido, sostenible e incluyente, por un lado, y para mejorar el bienestar tras la crisis del COVID-19, por otro. No obstante, algunos países están adoptando también una serie de medidas que podrían tener consecuencias negativas para el medio ambiente y provocar un crecimiento potencialmente insostenible, según apunta el nuevo informe de la OCDE que han tenido ocasión de examinar, hoy mismo, los ministros de los distintos Estados miembros.
El reciente estudio de la OCDE sobretraslación de las medidas de recuperación verde al empleo, la distribución de la renta y el crecimiento económico, titulado Making the Green Recovery Work for Jobs, Income and Growth, revela que los gobiernos de los países miembros de la OCDE han movilizado fondos públicos por valor de 312 000 millones de dólares estadounidenses en pos de lograr una recuperación económica «verde», según un cálculo preliminar que se irá actualizando en los próximos meses. No obstante, los paquetes de ayuda y los planes de recuperación económica incluyen iniciativas destinadas a financiar proyectos catalogados como «no ecológicos», como es el caso de las inversiones en el ámbito de la producción de energía basada en combustibles fósiles.
«Resulta alentador comprobar que muchos gobiernos están aprovechando esta oportunidad única para garantizar una recuperación verdaderamente sostenible, si bien es cierto que deben actuar con un mayor sentido ecológico e integrar plenamente la dimensión medioambiental en sus respectivos paquetes de ayuda», afirmó Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE, con motivo de la Mesa Redonda Ministerial convocada para abordar esta cuestión. «Se avecinan otros motivos de crisis inminentes, como son el cambio climático y la pérdida masiva de biodiversidad, y se nos acaba el tiempo para responder a esta problemática global . Las medidas de recuperación verde son una alternativa ventajosa para todos en cuanto pueden contribuir a mejorar las condiciones medioambientales, al tiempo que pueden impulsar la actividad económica e incrementar el bienestar general».
El análisis concluye que, entre las economías de la OCDE y otras economías importantes, la mayoría de los países han incluido en sus estrategias de recuperación medidas dirigidas a apoyar la transición hacia economías más ecológicas, tales como subvenciones, créditos e incentivos fiscales para el transporte y la movilidad sostenibles, la «economía circular» y la investigación en materia de energía no contaminante; ayuda financiera a las familias para mejorar la eficiencia energética y las instalaciones de energía renovable, o medidas de restauración de los ecosistemas, entre otras.
Simultáneamente, algunos países han presentado medidas que probablemente tengan un efecto adverso en las condiciones medioambientales, ya sea directa o indirectamente. Algunas de esas medidas tienen carácter provisional y forman parte de los planes de rescate económico de emergencia, mientras que otras podrían tener consecuencias a más largo plazo. Entre las medidas presentadas, se incluyen planes para derogar disposiciones medioambientales, reducciones o exenciones fiscales en materia de medio ambiente, recate total de empresas que generan un alto nivel de emisiones contaminantes y un aumento de las subvenciones a la inversión en el desarrollo de infraestructuras de combustibles fósiles.
«En el actual contexto, en que pretendemos reconstruir nuestras economías y reforzar la capacidad de resistencia y recuperación ante futuras crisis, debemos más que nunca hacer frente a problemas de transcendencia mundial tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los océanos y el uso inadecuado de los recursos disponibles», señaló Teresa Ribera, Vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que presidía la Mesa Redonda. «Unos planes de estímulo e incentivos bien diseñados y ejecutados pueden impulsar una recuperación verde e incluyente al mismo tiempo, capaz de generar ingresos, prosperidad y empleo, a la vez que se articulan medidas que favorezcan la consecución de los objetivos ambientales tanto nacionales como mundiales».
A la reunión asistieron los Ministros de Clima y Medio Ambiente o de Transición Ecológica de los países miembros de la OCDE y de Costa Rica, así como el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea. La Mesa Redonda se enmarca en el contexto de los preparativos para la Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE, que se celebrará los días 28 y 29 de octubre, estando presidida por España y vicepresidida por Chile, Japón y Nueva Zelanda. Adicionalmente, la Mesa Redonda tuvo lugar justo antes de la publicación, el próximo 16 de septiembre de 2020, del informe Perspectivas Económicas Provisionales de la OCDE.
En dicho informe, se afirma que un período de precios bajos del petróleo permite generalizar la introducción de estrategias y/o mecanismos de tarificación de las emisiones de carbono y eliminar gradualmente las ayudas a los combustibles fósiles. El sometimiento a gravamen de los modelos de producción y consumo perjudiciales para el medio ambiente puede contribuir no sólo a limitar los eventuales daños medioambientales, sino también a mejorar el rendimiento económico. Por consiguiente, es sumamente importante asegurarse de que las reformas de los impuestos energéticos no provoquen un aumento del porcentaje de hogares en situación de «pobreza energética», ya que para conseguir un nivel de vida razonable es imprescindible contar con un acceso adecuado a los servicios e infraestructuras energéticos. Por otra parte, debe prestarse atención a los efectos de la distribución de los distintos mecanismos de fijación de precios como, por ejemplo, las tasas y los impuestos sobre los vehículos y el consumo de carburantes. Del mismo modo, la reforma de las ayudas a los combustibles fósiles que, según datos de la OCDE y la AIE, ascendieron a 582 000 millones de dólares estadounidenses en 2019, debería ir acompañada de medidas de apoyo para la transición ecológica de industrias, comunidades, regiones y consumidores vulnerables.
Por otra parte, el informe de la OCDE hace hincapié en la necesidad de supervisar y evaluar los efectos de las medidas de recuperación en las condiciones medioambientales, algo que no ocurrió tras la crisis global financiera de 2008. El informe presenta 13 indicadores medioambientales, que sugiere utilizar para determinar el impacto de las medidas de recuperación económica, entre ellos, el índice de intensidad del carbono, la cuantía de las ayudas a los combustibles fósiles, el nivel de exposición a la contaminación atmosférica, el índice de estrés hídrico y la recaudación procedente de los impuestos medioambientales..