En la nueva lista de 100 ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medioambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
Por EFE
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 958 las organizaciones de este tipo disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
La ilegalización de las 100 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación, fue aprobada con carácter urgente y sin debate por los 75 diputados sandinistas y sus aliados.
Otros 16 legisladores, de los 91 que integran el Congreso, se abstuvieron de votar.
Otras 100 ONG fueron propuestas a ser canceladas con carácter urgente por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de las iniciativas.
La Junta Directiva del Parlamento colocó esa nueva iniciativa en la orden del día del jueves, con lo que, de ser aprobada, sumarían 1.058 las ilegalizadas.
Rodríguez ha dicho en el plenario que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
PROCESO DE ORDENAMIENTO
Por su lado, el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras, ha dicho que la ilegalización de las ONG forma parte de un proceso de ordenamiento «de algo que estaba al garete», debido a que habían organizaciones sin funcionar y otras que incumplían con las leyes, no rendían cuentas o no cumplían con sus propios estatutos.
También ha anunciado que continuarán «con este trabajo de limpieza» bajo el argumento de que no pueden existir más de 6.000 ONG en Nicaragua «que no estén haciendo nada».
Asimismo, ha calificado a los organismos sin fines de lucro de «instrumentos del neoliberalismo», de haber «tomado auge en los gobiernos neoliberales», en alusión a las Administraciones entre 1990 y 2007, «precisamente para actuar como instrumento contra los sindicatos y la organización del pueblo», aunque varias de las disueltas fueron formadas por sandinistas.
En lo que va de año, el Parlamento, de mayoría oficialista, ha liquidado 759 ONG y un total de 958 desde diciembre de 2018.
En la nueva lista de 100 ONG afectadas hay asociaciones de defensa de los derechos humanos, medioambiente, periodistas, salud, desarrollo comunitario, asistencia social, ciencia y tecnología, entre otras.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
Ortega, de 76 años, lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.