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Nicaragua cierra una ONG que organizaba el Festival Internacional de Poesía

May 19, 2022 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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El Ejecutivo ordenó ilegalizar a otras 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluida una de periodistas y comunicadores ambientales, y otra de afrodescendientes.

Por EFE

La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por los sandinistas, canceló este jueves la personalidad jurídica a la Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora de ese evento cultural, considerado uno de los más grandes de Centroamérica.

Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un ausente, de los 91 diputados que integran el Parlamento, los legisladores sandinistas y sus aliados aprobaron con carácter urgente la ilegalización de esa ONG, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.

La Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada, organizadora del evento con ese mismo nombre, desde 2005 a 2018 reunió a más de 1.500 poetas de 120 países, por lo que era considerado uno de los más importantes de América Latina.

La ONG que organizaba el Festival Internacional de Poesía tuvo entre sus patrocinadores a la Unión Europea (UE), España, Países Bajos, Suiza, Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Además, al Ejército de Nicaragua, Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y empresarios ligados a los sandinistas.

Jaime Morales Carazo, que fue vicepresidente de Nicaragua en el periodo 2007-2012, que también encabezó el actual mandatario, formó parte de la comisión asesora de junta directiva de esa fundación.

ONG DE PERIODISTAS Y AFRODESCENDIENTES, AFECTADAS

Junto a esa Fundación, el Ejecutivo ordenó ilegalizar a otras 18 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluida una de periodistas y comunicadores ambientales, y otra de afrodescendientes, según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.

Según ese legislador sandinista, las ONG que han sido ilegalizadas, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no presentó pruebas.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

Las 19 ONG nicaragüenses ilegalizadas hoy se suman a otras 25 organizaciones sin fines de lucro anuladas el miércoles, y cinco que fueron canceladas el martes, aunque éstas últimas fueron autorizadas a seguir como sociedad mercantil si lo desean.

Con esas nuevas 49 asociaciones, se elevan a 146 las ONG a las que el Ejecutivo de Ortega ha pedido su ilegalización en lo que va de año.

CASI 250 ONG HAN SIDO ANULADAS

En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en el Parlamento, se ha cancelado la personalidad jurídica a al menos 236 ONG desde diciembre de 2018, 8 meses después de que estallara la revuelta popular.

Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.

Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, lo cual ha sido rechazado por los afectados.

El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de cuatro ONG estadounidenses y seis europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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