El riesgo soberano se redujo por los acuerdos políticos que permitieron la reforma de pensiones.

Por El Salvador

La calificadora de riesgo Moody’s subió las calificaciones de “emisor” y de la deuda a largo plazo de El Salvador de “Caa1” a “B3” con “perspectiva estable”, al reducir los riesgos de liquidez, tras la aprobación del financiamiento de deuda del Gobierno y la reforma de pensiones, señaló este viernes la agencia.

Los riesgos de liquidez gubernamental son sustancialmente más bajos debido a que la asamblea legislativa aprobó un financiamiento de largo plazo por US$350.1 millones para cubrir las necesidades del gobierno en 2018, en línea con la aprobación del presupuesto de US$5,500 millones el pasado mes de enero.

Según un informe de Moody’s, existe un riesgo “decididamente menor” de que las confrontaciones políticas dentro de la Asamblea Legislativa provoquen un impago de deuda. “La perspectiva estable de la calificación de B3 refleja que los riesgos están balanceados y han disminuido, por lo que el perfil crediticio de El Salvador tomará mayor relevancia”, señaló Moody’s en un comunicado.

La calificadora espera que el indicador de deuda a Producto Interior Bruto se estabilice durante 2018, debido a la mejora en la tendencia del déficit fiscal a partir de la aprobación de la reforma de pensiones y el crecimiento económico por encima de su potencial.

Por otro lado, apunta Moody’s, pese a la mejora en la reducción de los riesgos de liquidez, “persisten riesgos de mediano plazo”, debido a que todavía está pendiente que la Asamblea Legislativa logre acuerdos para refinanciar el próximo pago de un bono que vence en diciembre de 2019.

Moody’s también ha aumentado los techos de bonos y depósitos de largo plazo en moneda extranjera de El Salvador de B2 a B1, mientras que los de bonos y depósitos de corto plazo en moneda extranjera permanecen sin cambio en Not Prime.

Durante 2016 y 2017, los desacuerdos entre los dos principales partidos para la emisión de deuda de largo plazo elevaron los riesgos de liquidez, por lo que el Gobierno se vio forzado a priorizar los pagos de servicio de la deuda por encima de otros gastos y a no ejecutar todo el presupuesto, además de acumular impagos a proveedores.

El Gobierno también comenzó a utilizar cada vez más deuda de corto plazo (Letras del Tesoro, Letes) para financiar sus necesidades, debido a que no requiere aprobación legislativa, pero el incremento en la deuda de corto plazo puso a prueba la capacidad de los bancos locales para absorber montos adicionales de deuda del Gobierno. Habiendo logrado acuerdos para el presupuesto y su financiamiento, el gobierno ya no tiene que depender de estas medidas para cumplir con sus pagos.

Adicionalmente, y contrario a lo que se había observado en años anteriores: “El presupuesto para 2018 no subestima el gasto ni excluye cuentas de ingresos y gastos, e incorpora necesidades de financiamiento que son realistas”, destacó la agencia.

Moody’s espera que el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo este año o a principios de 2019 para aprobar la emisión de deuda de largo plazo para refinanciar el bono de $800 millones que vence en diciembre de 2019.

Para la firma internacional, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia forzó a las partes a llegar a acuerdos en el Congreso, ya que dos fallos de emitidos en julio de 2017 obligaron al Gobierno a fondear las obligaciones de pensiones, y bloquearon una de las vías que buscaba el Ejecutivo para aumentar sus opciones de financiamiento sin tener que negociar en la Asamblea.

 

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