Reducción del espacio fiscal en el mediano plazo pese a la reactivación de la actividad económica.

Por EFE

La perspectiva crediticia de Moody’s Investors Service para los soberanos de América Latina y el Caribe en 2021 es negativa, lo cual refleja la expectativa de que las condiciones adversas que afectan la calidad crediticia de los soberanos continuarán en los próximos 12 a 18 meses. En un nuevo informe, Moody’s analiza cómo, a pesar de la perspectiva de crecimiento que apunta a una reactivación económica en 2021, las crecientes presiones sociales dificultarán la capacidad de los gobiernos de restaurar el espacio fiscal perdido, lo cual ejercerá presión en la calidad crediticia en la región.

«En 2021, muchas economías de América Latina experimentarán una recuperación del crecimiento, beneficiándose de efectos base favorables tras la contracción sin precedentes generada por el coronavirus en 2020, la peor desde la Gran Depresión», sostiene Jaime Reusche, Vice President de Moody’s. «Como resultado de la flexibilización de las medidas de confinamiento y del apoyo en materia de políticas públicas por parte de los bancos centrales y los gobiernos, la reactivación económica que comenzó en el segundo semestre de 2020 continuará. Muchas economías de la región crecerán más del 3%, pero el PIB permanecerá por debajo de los niveles previos a la pandemia tras una contracción de más del 5% en 2020».

En 2021, los déficits fiscales en América Latina se reducirán a medida que los gobiernos empiecen a retirar gradualmente algunas de las medidas adoptadas para combatir los efectos económicos de la pandemia. Los ingresos de los gobiernos se verán favorecidos por un impulso cíclico a medida que la actividad económica se recupere, aunque la recaudación fiscal se mantendrá por debajo de los niveles prepandémicos. Pese a la reducción de los déficits, los indicadores de deuda seguirán aumentando, lo cual ejercerá mayor presión sobre los perfiles de crédito de los soberanos.

El choque macroeconómico provocado por la pandemia aumentó el índice de pobreza y la desigualdad de los ingresos, lo que invirtió el progreso social alcanzado en años anteriores. Es probable que esto lleve a la necesidad de ampliar las redes de protección social y aumentar el gasto público en toda la región. Las demandas sociales tendrán un impacto en los balances fiscales y aumentarán la probabilidad de que los políticos se sientan tentados a favorecer las políticas populistas, lo cual comprometería la prudencia fiscal.

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