El Gobierno anunció en diciembre pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina.
Por EFE
Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), expresó este viernes su compromiso con llevar adelante «las tareas de preservación y gestión segura» de la gran mina de cobre que explotaba en este país pero fue inhabilitada en noviembre pasado por un fallo judicial.
«Siguiendo las directrices del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), nos comprometemos a llevar a cabo las tareas de preservación y gestión segura necesarias para proteger la estabilidad ambiental del sitio y prevenir posibles daños ambientales», dijo la empresa en un comunicado.
El pasado 3 de enero, el Mici dio plazo de 10 días hábiles a la minera para que presente una propuesta de Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina de Cobre Panamá, la mayor a cielo abierto de Centroamérica y que en 2022 fue la decimocuarta más grande del mundo en producción, según datos aportados a EFE por el Grupo Internacional de Estudio del Cobre (ICSG, por sus siglas en inglés).
La filial de FQM enfatizó este viernes «que todas las actividades relacionadas con la exploración, extracción y procesamiento están detenidas» en la mina, lo que reiteró tras llamados de los sindicatos a manifestarse cerca de las instalaciones la próxima semana.
«Garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, quienes actualmente se encargan de la fase de preservación y gestión segura en el sitio minero, es primordial. Por lo tanto, urgimos a las autoridades competentes a asegurar el sitio y garantizar la paz y el orden público para prevenir cualquier acción violenta o ilegal», dijo la empresa.
Una liga de sindicatos está convocando a un «acto simbólico del cierre de la mina cerca del portón» de esta el próximo 9 de enero.
Tanto el Mici como Minera Panamá aseguran que ya han cesado las operaciones de explotación y comerciales de Cobre Panamá, una inversión de 10.000 millones de dólares y con una nómina de unos 7.000 empleos directos, de los que cerca de 3.000 han acordado su salida y otros 4.000 están en trámite de despido, según la información oficial.
El 27 de noviembre pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que en octubre de 2023 renovó por 20 años prorrogables la explotación de Cobre Panamá porque violaba 25 artículos de la Carta Magna, de acuerdo con el fallo, dictado luego de las mayor protestas en décadas en el país y en contra la mina.
El Gobierno anunció en diciembre pasado una estrategia para el cierre ordenado y definitivo de la mina, cuyo diseño tomará entre 6 y 18 meses a un costo de 1,5 millones de dólares, y su ejecución entre 7 y 9 años con costo de entre 800 y 1.000 millones de dólares, según dijo el titular del Mici, Jorge Rivera Staff.
FQM ya anunció el inicio de un arbitraje internacional ante una corte con sede en Miami (EE.UU.) y ha mostrado su intención de iniciar otros en base a tratados comerciales con Canadá y Corea del Sur, según ha dicho el ministro Rivera.
La mina Cobre representaba el 4,8 % del producto interno bruto (PIB) y el 75 % de las exportaciones de Panamá, según datos de la empresa, que comenzó a exportar ese mineral en el 2019.