Sala cuarta avaló el trámite del proyecto fiscal que promueve el gobierno de Carlos Alvarado.

Por Revista Summa

Por unanumidad, la Sala IV en Costa Rica declaró que el proyecto de reforma fiscal que promueve el gobierno, se tramitó de forma correcta en la Asamblea Legislativa.

El tribunal no encontró vicios de procedimiento o de forma, por consiguiente podrá ser someterlo a votación en segundo debate por los diputados y luego ser firmado por el presidente de la República.

La decisión despertó múltiples reacciones a favor, las cuales se detallan a continuación:

Cadexco: “La resolución de la Sala Constitucional no solo da un respiro a Costa Rica, sino que también es un positivo mensaje que nuestro país envía al mundo, especialmente para generar confianza a las calificadoras de riesgo, en atención al saneamiento de las finanzas públicas de nuestro país. Esta decisión adicionalmente alimenta de nuevo la confianza en el consumo interno y en nuestra economía”

Según Luis Diego Herrera, analista económico de Grupo Financiero ACOBO, “la resolución favorable de la sala Constitucional a la consulta realizada por algunos diputados sobre el proyecto de ley 20,580 es un primer paso para restaurar la confianza de la ciudadanía. Las autoridades económicas actuales deben de ser conscientes de que aún se deben modificar aspectos adicionales en los distintos ámbitos del quehacer económico. Respecto al financiamiento del gobierno es imperativo aumentar la liquidez en el mercado bursátil, la comunicación con el mercado y, en especial, con los inversionistas internacionales. Antes de pensar en salir a los mercados internacionales se debe devolver la confianza en el mercado local, pues es un requisito fundamental para los inversionistas internacionales”

“Además, mejorar la relación con el mercado de valores costarricense es importante debido a que es en este donde el Poder Ejecutivo deberá obtener los recursos necesarios para hacerle frente a sus necesidades en el corto plazo. A pesar de la existencia de la opciones de financiamiento con entidades supranacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), y en los mercado financieros internacionales. El correcto accionar a lo interno es una importante señal para que desde afuera se confié en el país”, concluyó Herrera.

Para Maurizio Musmanni, presidente de los empresarios de alimentos, posterior al pronunciamiento de la Sala Constitucional en torno al actual paquete fiscal que se tramita en el Congreso, los Diputados deben dedicarse a la aprobación de las medidas adicionales que garanticen la contención del gasto y el uso eficiente de los recursos púbicos, que, de no solucionarse, seguirán presionando hacia la desestabilización de la economía en el mediano y largo plazo.

“La mejor medida fiscal de largo plazo, es una buena reforma del Estado que nos de eficiencia y productividad en los servicios públicos”, acotó Musmanni.

Otro mensaje que los empresarios de alimentos lanzan a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es la inmediata activación de una agenda especializada en los temas de reactivación económica y competitividad país.

Mientras tanto, María Isabel Córtes, Directora Ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) explica que sanear las finanzas públicas es un tema urgente, por eso esta decisión de los magistrados envía una buena señal para recuperar la confianza de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo y los bancos internacionales. Sabemos que el expediente 20.580 no es una solución definitiva al problema fiscal, pero marca la hoja de ruta, por eso esperamos que ahora continúe el trámite legislativo para la aprobación en segundo debate”, señaló María Isabel Córtes, Directora Ejecutiva de la ABC.

“El desequilibrio en las finanzas públicas llegaría al 7% del PIB al finalizar el año y el saldo de la deuda del Gobierno Central representaría casi un 54 % del PIB, eso nos dice que todos los sectores debemos realizar un esfuerzo tributario para evitar que el país entre en una crisis profunda que afectaría a todos los costarricenses”, concluyó Córtes.

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