Durante el periodo de aislamiento, además de las medidas policiales, se comenzaron a implantar en muchos países medidas de vigilancia, seguimiento y recolección masiva de datos ciudadanos.
Por Revista Summa
Si algo ha hecho el Coronavirus es cambiar nuestras prioridades. Nos ha hecho darnos cuenta de lo que es realmente importante: la salud, la cercanía con los seres queridos, y, por supuesto, la libertad. Este último derecho se ha visto sacrificado de manera drástica durante el periodo de expansión del virus. Medidas como el confinamiento, las restricciones de movilidad, o los horarios de salida han puesto de manifiesto el valor de ser libres. Este valor, sin embargo, parecía chocar frontalmente con otros derechos que también se estimaban esenciales, como el derecho a la salud. Puestos en una balanza, durante los periodos críticos del brote, la defensa de la salud parecía salir ganando con respecto a la libertad individual, lo que justificaba muchas de las
mencionadas restricciones.
A medida que la virulencia de la pandemia ha ido remitiendo en nuestro continente y en nuestro país, esas medidas de restricción de la movilidad y vigilancia ciudadana han ido remitiendo. Lo han hecho, al menos, a pie de calle. Ya no hay controles de policía al doblar cada esquina, ni agentes del orden patrullando las calles desiertas para asegurar el cumplimiento de la cuarentena. Sin embargo, no nos confundamos, los mecanismos de control siguen presentes, aunque ahora sean algo más sutiles.
Durante el periodo de aislamiento, además de las medidas policiales, se comenzaron a implantar en muchos países medidas de vigilancia, seguimiento y recolección masiva de datos ciudadanos bajo el pretexto de la lucha contra la pandemia. Algunas de estas medidas se articulan a través de aplicaciones móviles u otros sistemas informáticos que utilizan determinada información recogida por nuestros teléfonos inteligentes (según el caso: localización, comunicaciones, búsquedas en la red, etc.) para imponer reglas destinadas —en principio— a frenar el avance de los contagios.
Algunos de estos sistemas se han establecido después de un debate más o menos amplio con respecto a su utilización, y han determinado que deberán contener una serie de condiciones que aseguren la seguridad de los datos y la legitimidad de su uso.
Algunas de estas condiciones tienen que ver con la anonimización de los datos, la restricción en su comercialización, la voluntariedad en su aplicación, etc. Por desgracia, esta no ha sido la forma de actuar más común por parte de muchos gobiernos. La implantación de este tipo de medidas, en muchos países, no ha contado con estas garantías necesarias para asegurar el uso adecuado de los datos extraídos. En algunos casos, directa y abiertamente las autoridades reconocían la recogida de datos personales de individuos para la salvaguardia del bien mayor, obligando al uso de los sistemas destinados al respecto, accediendo a la información de las grandes empresas de telecomunicaciones sin el permiso de aquellos a quienes se sustraían los datos, o implantando sistemas de monitorización y seguimiento sin consentimiento directamente en los dispositivos de los usuarios. En otros lugares los términos de utilización de estos sistemas o la implantación de estas medidas se basan en criterios tan imprecisos y abstractos que se prestan a infinitud de interpretaciones, abriendo la puerta a posibles vulneraciones de derechos como la protección de datos, la intimidad o la libertad individual.
En paralelo, ha surgido un ecosistema que persigue conservar la privacidad de los usuarios, empresas que ofrecen anonimato mediante VPNs, buscadores que anonimizan la ubicación o redes distribuidas como la red Tor.
Y todo ha ocurrido sin que apenas nos diéramos cuenta. Los datos que creíamos que estaban seguros en manos de las grandes operadoras de telecomunicaciones, de los grandes buscadores de internet o determinadas plataformas de redes sociales, han resultado ser vulnerables a filtraciones y comercializaciones.
Muchas de estas corporaciones y plataformas han utilizado nuestra información para lucrarse o mejorar sus relaciones con las entidades gubernamentales. Mientras esos datos se utilicen para la salvaguardia de la salud pública y la seguridad ciudadana, dichas vulneraciones tendrán cierta justificación (sin que esto signifique, ni mucho menos, que sean éticas o legítimas). Pero, ¿quién marca el límite de hasta cuándo pueden utilizarse? ¿Si no hay garantías con respecto a su recolección y su uso por parte de las grandes empresas y de las autoridades, lo habrá con respecto a que ese uso se limite a los momentos de acuciante necesidad? Y si no es así, ¿hasta dónde puede llegar la utilización de toda esa información a la que tienen acceso estos organismos y, por ende, las autoridades?
Las fronteras al respecto, a día de hoy, parecen borrosas.