El fenómeno de la corrupción se ha convertido en una problemática trasnacional. 

Por:  Maripaz de la Torre, BLP / Juan Carlos Tristán, BLP

La corrupción es una figura que, a pesar de ser reprochada socialmente, ha existido desde los inicios de la civilización. No es posible señalar un sólo acontecimiento en la historia como detonante que origina la figura de la corrupción. Pues actos corruptos como el hurto y expropiación para lograr su expansionismo, se ven desde las antiguas civilizaciones, (Mesopotamia, Persia, Egipto, Grecia, etc).  Así lo señaló Bertlot Brecht, en su libro sobre Julio César, cuando dice “La ropa de sus gobernadores estaba llena de bolsillos”.

Sin embargo, no es hasta hace unos 25 años, con la creación la Organización de Transparencia Internacional (TI), que el tema se volvió parte del debate público. Seguidamente, otras instituciones de la sociedad civil, tanto públicas como privadas, comenzaron a ofrecer medidas para enfrentar el problema.Permitiendo el surgimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA); el primer instrumento de su tipo a escala global, que buscaba el acuerdo de países para mejorar los mecanismos de prevención y colaboración entre Estados miembros en América.

Según las Naciones Unidas, cada año se paga alrededor de un billón de dólares en sobornos, y se calcula que se sustraen 2,6 billones de dólares anuales mediante actos de corrupción, suma que equivale a más del 5% del PIB mundial. La corrupción y sus derivados son delitos graves que frenan el desarrollo económico y social en todas las sociedades.

A pesar de ello, aun con los esfuerzos que se han realizado tanto a nivel internacional como nacional, el problema persiste. Lo que permite concluir que el obstáculo que ha impedido el control total de los actos corruptos, es la impunidad de los mismos.  Particularmente en América Latina, “el gran problema institucional en América Latina es la falta de mecanismos de ‘checks and balances’ (control y equilibrio)”, afirma Raúl Ferro, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Si bien, a nivel político en América Latina hay más de una docena de expresidentes en la cárcel, fugitivos, involucrados en actos de corrupción o destituidos, la corrupción no se limita al ámbito gubernamental; sino que es un fenómeno que se presenta tanto en la esfera pública, como la privada.

El fenómeno de la corrupción se ha convertido en una problemática trasnacional, liderada por la activa participación de las empresas como sus agentes corruptores. Ello, ha requerido la modificación del ordenamiento jurídico de diversos países alrededor del mundo; y Costa Rica no viene a ser la excepción.

Desde el año 2012, Costa Rica inició el proceso para su integración a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”). Para llevar a cabo este proceso, la OCDE le exige a nuestro país llevar a cabo determinados esfuerzos en la implementación de instrumentos y prácticas por parte de los distintos actores de la gestión pública costarricense. El pasado 11 de mayo de 2017, Costa Rica se adhirió a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE – único instrumento internacional anticorrupción que se enfoca en el lado “oferente” de la corrupción.  Dicha adhesión dio lugar a recomendaciones por parte del grupo de trabajo de la OCDE, por medio de las cuales, surgió elproyecto de ley numero 21.248 “Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Trasnacional y otros Delitos” (en adelante la “Ley”), aprobado en segundo debate el pasado 6 de junio del año en curso.

La Ley abre la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas (nacionales o extranjeras) y a otras figuras del comercio (tales como fideicomisos, asociaciones y fundaciones), que incurran en delitos de cohecho doméstico o soborno trasnacional, instaurando una regulación acorde a los más altos estándares internacionales en la materia. De igual forma sanciona a las empresas matrices por actuaciones de sus subsidiarias y afiliadas.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal individual de las personas físicas por la comisión de cualquiera de los delitos mencionados bajo los cuerpos normativos preexistentes. Es decir, la responsabilidad penal de las personas jurídicas será independiente de la responsabilidad penal de las personas físicas.

En lo que respecta a las penas, a todos los delitos tipificados en la Ley se les impondrá una sanción de mil hasta diez mil salarios base, con excepción de las personas jurídicas de pequeñas y medianas dimensiones, a las cuales se les impondrá una multa de treinta a doscientos salarios base. Asimismo, si el delito está relacionado con un procedimiento de contratación administrativa, a la persona jurídica responsable se le aplicará la multa anterior o hasta un diez por ciento (10%) del monto de su oferta o de la adjudicación, y además, inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública por diez años.

Otras penas variarían desde la inhabilitación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años; hasta cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento y eventualmente, la disolución de la persona jurídica, entre otras. Dichas penas no excluyen las eventuales sanciones a los funcionarios públicos o los particulares; y tampoco excluye la posibilidad de exigir la responsabilidad por daños y perjuicios ocasionados al Estado.

Una de las grandes y plausibles novedades de la Ley, es que las penas de las personas jurídicas podrán ser rebajadas hasta un 40% si se cumplen con una serie de acciones y parámetros que se catalogarán como “circunstancias atenuantes”. Entre estas sobresalen el contar con agentes de cumplimiento independientes, contar con un efectivo programa de anticorrupción y denunciar situaciones/infracciones internas contrarias a la Ley y/o colaborar con la investigación.

La Ley propone los “Programas de Anticorrupción”, como el modelo de organización, prevención de delitos, gestión y control – y por ende facilitador para la obtención de los atenuantes previamente dichos. Los Programas de Anticorrupción deberán contener una serie de condiciones mínimas, como el establecimiento de protocolos, códigos de ética, reglas y procedimientos que prevengan la comisión de delitos; así como la identificación de actividades, tanto habituales o esporádicas, que incrementen el riesgo de comisión de los delitos. También deberán las compañías someterse a una auditoría externa de la contabilidad de la empresa para regular sus controles financieros.

Como se ve en el presente artículo, la reacción del país ha sido positiva y ha realizado esfuerzos relevantes en la promulgación de nueva regulación y brindando asistencia para la aplicación efectiva de las leyes actuales en materia de corrupciónLo anterior es una muestra del compromiso del país para garantizar la ejecución Plan de Acción sobre los compromisos incluidos en la Hoja de Ruta de OCDE. Se espera que el marco regulatorio costarricense continúe fortaleciéndose para ajustarlo a los más altos estándares sobre este tema. Dichosamente vamos por buen camino.

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