En América Latina, más de 13 millones de personas viven con una discapacidad intelectual; incorporárlas a la economía es una decisión necesaria para impulsar el progreso y el bienestar de la sociedad.
Por Claudia Echeverry, directora regional y presidenta de Olimpiadas Especiales América Latina
En el mundo empresarial es común utilizar términos como sostenibilidad, diversidad y equidad. Sin embargo, cuando se mencionan las palabras “discapacidad intelectual” surgen barreras, visibles e invisibles. La realidad es dura: las personas con discapacidad intelectual enfrentan a diario sistemas educativos que excluyen, mercados laborales que no han sido diseñados para incluir y los mayores obstáculos para integrarse a la actividad económica y social, según la Cepal.
Sin inclusión, no hay innovación real. Por ello, la región latinoamericana, con unas 13 millones de personas con discapacidad intelectual, tiene una deuda histórica pendiente: la plena inclusión, incluyendo a esta población. Como hemos reiterado una y otra vez, la inclusión no es caridad ni responsabilidad social, es una estrategia de crecimiento con propósito.
Una investigación realizada en el País Vasco, “Estudio del Impacto Económico de la Discapacidad Intelectual en Euskadi”, realizado por la Federación Vasca de Asociaciones a favor de las personas con Discapacidad Intelectual en colaboración con la consultora B+I Strategy, mostró que el gasto en actividades relacionadas con discapacidad intelectual genera empleo y riqueza, con una tasa de retorno fiscal del 62%, lo que indica que invertir en inclusión laboral tiene un impacto positivo en la economía y en las finanzas públicas.
Cuando entendamos que la exclusión de personas con discapacidad intelectual tiene un costo económico y humano podremos hacer un verdadero cambio. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial, los países pueden perder entre el 3% y el 7% de su PIB por no incluir laboralmente a personas con discapacidad.
En Olimpiadas Especiales lo observamos todos los días. A través del deporte, creamos espacios donde las personas con discapacidad intelectual desarrollan habilidades para la vida, autoestima y liderazgo, pero también conectamos esos talentos con empresas, gobiernos y comunidades que comienzan a comprender lo que antes quizás no entendían: que la inclusión es una inversión inteligente. Hemos visto cómo, con inclusión, se transforma una comunidad, un país y, poco a poco, toda una región. También podemos decir que, con un entorno adecuado, todas las personas pueden desarrollar una carrera.
El sector privado tiene un papel clave. Los discursos y lo plasmado en papel deben ir acompañados de acciones concretas, como políticas de reclutamiento incluyente, capacitación y, especialmente, un ambiente laboral donde los prejuicios no tengan lugar y todos sean tratados de manera equitativa.
Y sí, eso es posible. Ya hay empresas en la región, varias aliadas de Olimpiadas Especiales, que han asumido esa tarea, trabajando no por obligación, sino porque saben que la inclusión beneficia tanto al negocio como a la sociedad, alineándose además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En un contexto regional donde la desigualdad, la incertidumbre económica y la demanda de mayor justicia social son cada vez más evidentes, la inclusión de personas con discapacidad intelectual no puede estar en un segundo plano. Es momento de que toda la sociedad ponga de su parte: que los gobiernos integren en sus planes educativos todo lo relacionado con la inclusión, que los medios amplifiquen la diversidad y el potencial existente y que el sector privado vea en esta población una oportunidad, no un obstáculo.
La inclusión no es un costo, es una ventaja competitiva. En el siglo XXI, las sociedades y economías que triunfarán serán aquellas que logren construir sistemas donde absolutamente todos, sin excepción, tengan un lugar.