El régimen de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, a finales de marzo por 30 días y ya fue extendido dos veces, por igual período.
Por EFE
La mayoría de las personas detenidas en El Salvador durante el régimen de excepción, implementado desde finales de marzo para controlar una ola de violencia, son jóvenes provenientes de zonas pobres y de escasos recursos, según un informe presentado este martes.
Danilo Flores, coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), indicó durante la presentación del documento que «al caracterizar las detenciones que han ocurrido se encuentra que la mayor parte son de personas jóvenes, provenientes de zonas pobres, de escasos recursos económicos».
El informe sobre violaciones a DD.HH. durante el régimen de excepción señala que el 82 % de los detenidos son jóvenes de entre 18 y 30 años.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 27 de marzo y el 27 de mayo han sido detenidos más de 35.000 supuestos pandilleros o personas ligadas a dichas bandas.
Dicho informe fue elaborado por el OUDH, con el fin de analizar jurídicamente la legalidad del estado de excepción y su implementación.
Se recopiló información y datos de cinco organizaciones de DD.HH., de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), fuentes oficiales -como la Policía-, y de siete medios de comunicación.
SOBREPOBLACIÓN EN CÁRCELES
Flores apuntó que en diciembre de 2020 «se conoció que el sistema penitenciario tenía una capacidad instalada de 30.864 cupos y a marzo de 2021 se tenía conocimiento que había una población penitenciaria de 36.663 privados de libertad, una sobrepoblación de un 119 %».
«Si a estas 36.663 (personas detenidas) le sumamos las 35.009 detenciones en el marco del régimen de excepción, estamos hablando de una población carcelaria que llega a los 71.672 personas, un hacinamiento de un 232 %», indicó.
«Es una situación sumamente alarmante y que representa un panorama sumamente riesgoso para las personas privadas de libertad», enfatizó el coordinador del OUDH.
Además, señaló que se tiene conocimiento de «medidas vejatorias», que han sido divulgadas incluso por las autoridades, como el cierre de celdas por 24 horas, no permitir salir a los reos a áreas comunes, disminuir a dos los tiempos de comida, disminuir la ración de alimentos que se les entrega y la restricción de artículos de limpieza e higiene personal.
«El mero hacinamiento sumado a estas otras series de medidas adoptadas contra la población privada de libertad constituyen graves violaciones a los derechos humanos», acotó.
ACCESO A LA JUSTICIA
El informe también apunta, según Flores, que las personas detenidas no están siendo juzgadas por tribunales independientes e imparciales, ya que los jueces que llevan las procesos son «afines al oficialismo, al régimen actual», lo que «pone en severo riesgo la posibilidad que la personas puedan enfrentar juicios que sean objetivos y apegados a derecho».
El Congreso aprobó en septiembre de 2021 una reforma a la Ley de la Carrera Judicial con la que se cesa a los jueces sexagenarios y a con 30 años de carrera para supuestamente depurar el sistema judicial, con lo que más de 200 letrados fueron cesados.
«Nos encontramos ante una grave situación de negación del acceso a la justicia de las personas privadas de libertad», señaló el coordinador del OUDH.
Añadió que en las audiencias contra las personas detenidas que se han llevado a cabo «se le niega la palabra a los defensores y la Fiscalía no es capaz de mostrar la relación de vinculación de los imputados con los grupos criminales».
No obstante, agregó, los jueces dejan detenidas a las personas procesadas sin opción a una medida sustitutiva a la detención.