La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, reconoció este miércoles 16 de diciembre, la soberanía de 2,5 km2 de humedales a Costa Rica sobre el extremo norte de Harbour Head o Isla Calero.

Por AmeliaRueda.com y La Prensa

Isla Portillos, también conocida como isla Calero o Harbour Head, es territorio costarricense y Nicaragua violó la soberanía tica al realizar actividades «ilícitas» en la zona, ratificó este miércoles la Corte Internacional de Justicia (CIJ), publicó el sitio web ameliarueda.com.

“La soberanía sobre el territorio en disputa le corresponde a Costa Rica”, leyó el juez Ronny Abraham del Tribunal. El máximo órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) falló la demanda interpuesta por Costa Rica en noviembre de 2010, un mes después de que militares nicaragüenses ingresaron a suelo costarricense.

La CIJ evitó calificar de «invasión militar» la incursión nicaragüense, pero sí ordenó al gobierno de Daniel Ortega a indemnizar al Estado costarricense por los daños ocasionados. El monto debe ser determinado por acuerdo entre ambas partes y de no lograrlo, entonces la Corte lo definirá.

De acuerdo con el periódico nicaragüense La Prensa, La CIJ tendrá que decidir ahora cómo harán los habitantes de Nicaragua para llegar hasta la laguna de Harbour Head que prácticamente quedó enclavada en territorio costarricense.

Por otro lado, el representante de Nicaragua en la CIJ, Carlos Argüello, consideró que el fallo fue “balanceado”, y que pudo ser mejor o para Nicaragua o para Costa Rica. El diplomático dijo que ya hay una sentencia y que se tiene que dar la vuelta a la página.

Demanda por carretera fronteriza

Además del tema de la isla Portillos, en esta oportunidad, la CIJ también falló sobre una demanda que Nicaragua interpuso a Costa Rica por la construcción de una carretera fronteriza. Según los argumentos del gobierno nicaragüense, esa construcción ocasionó daños ambientales.

Sin embargo, no hubo pruebas suficientes para garantizar el reclamo sobre daños en territorio nicaragüense producto de los sedimentos que cayeron al río San Juan, que aparentemente pertenecían a la carretera.

A pesar de este fallo, la CIJ enfatizó en que Costa Rica inició la construcción sin contar con un estudio de impacto ambiental que previera eventuales daños, lo que fue interpretado por las autoridades costarricenses como una «llamada de atención».

 

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