Una verdadera política de impacto al consumidor es una reducción general de cargas fiscales y parafiscales, así como de los costos de producción.
Por Revista Summa
El sector productivo nacional califica la iniciativa de ley 22.769 como una herramienta de intención loable, pero mal calibrada y con impactos negativos sobre la producción nacional; este proyecto de ley pretende modificar la base de cálculo de los impuestos que deben pagar los importadores a la hora de introducir el producto extranjero en el mercado nacional.
Según Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), “los empresarios nacionales han pedido hasta el cansancio una política fiscal integral que promueva la inversión y el consumo, lo cual incluye una reducción generalizada en las cargas fiscales y todo tipo de tributos, así como una reducción ordenada y estratégica del tamaño del Estado, y la eliminación total de los aranceles a las materias primas”.
No obstante, cuando esa política se resume en un simple subsidio tributario dirigido a una actividad económica particular como la importación, hay impactos positivos para algunos, pero negativos para otros, sin garantizar un beneficio al consumidor final.
Para Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, “el proyecto de ley atenta contra la competitividad del sector productivo costarricense, ya que existe una clara intención de beneficiar la importación de bienes finales, generándoles una ventaja competitiva artificial, en perjuicio de la industria y del sector agropecuario nacional que debe competir en condiciones menos favorables versus otros países que tienen menores costos de producción”.
En la misma línea, Jaime Cerdas, presidente de la Cámara Costarricense del Plástico (ACIPLAST), señaló que, “contrario a estas iniciativas, se deben promover acciones que permitan generar más empleo en Costa Rica y no en otros países, mejorando la competitividad del sector productivo nacional que ya enfrenta grandes retos para producir, como son los altos costos de electricidad, combustibles, cargas sociales y fiscales, entre muchos otros”.
El sector productivo nacional reclama que el proyecto de ley es una propuesta elaborada sin participación, consulta y valoración del sector, a pesar de las implicaciones y consecuencias que la iniciativa conlleva.
Según Francisco Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria, “es inaceptable que se proponga un proyecto de ley sin consultar a todos los sectores involucrados en el comercio exterior, ya que toma como base solamente el criterio y necesidades de un único sector: el sector importador de bienes finales”.
Para el sector productivo nacional, el proyecto de ley genera una serie de impactos negativos que deben considerar los diputados. Por ejemplo:
1. Un subsidio a la importación como el que busca esta iniciativa de ley posiblemente permitirá que el bien importado sea menos costoso, producto de la intervención del Estado que inyecta flujo de caja al importador. El efecto inmediato es que el productor y el fabricante nacional, tendrán que competir internamente con producto extranjero que ha sido abaratado de manera artificial, por lo que el mercado arroja precios que no son reales, dejando al productor nacional en un escenario de competencia desleal, creada por los propios diputados.
2. Un subsidio a las importaciones es el equivalente a que las arcas del Estado costarricense le condonen el pago de tributos a las plantas de producción que están en el extranjero y que venden sus productos en el país. Suponiendo que se reducirá el costo de los bienes al consumidor final local, lo cual no es claro para todos los casos ni en todos los mercados; también se crea un subsidio directo de la hacienda pública nacional a las fábricas ubicadas en el extranjero y al empleo de esos países, en detrimento del nuestro.
3. Cuando la política púbica se centra en promover e incentivar la importación y el empleo en fábricas extranjeras mediante la figura de subsidio tributario a la importación, estamos renunciando a la promoción de la producción y el empleo nacional o a las políticas de reforma integral del estado, como mecanismo para abaratar la enorme carga tributaria que pesa sobre los productores y consumidores.
4. En una crisis fiscal, donde se promueve la reducción del gasto público, un alivio fiscal de corto plazo, dirigido a un sector particular de la economía, se traducirá también en presiones tributarias futuras que tendremos que pagar todos los sectores de la sociedad, incluyendo los sectores más rezagados.
5. La reducción de las cargas tributarias y los costos de producción es la política correcta; no obstante, debe ser manejada mediante las herramientas adecuadas, de manera diferente a como lo propone el proyecto de ley 22.769. La política de reducción de la carga tributaria debe suceder de manera generalizada y sin distorsiones a favor de algunos o en contra de otros, lo cual es una debilidad presente en esta iniciativa.
La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) y la Cámara Costarricense de la Industria del Plástico (ACIPLAST) solicitan a los señores Diputados rechazar el proyecto de ley 22.769 por las consecuencias negativas que conlleva para el sector productivo nacional, y realizar un análisis pausado que permita encontrar soluciones que beneficien a todos los sectores y a los consumidores.