La aparición de Petrocaribe fue un salvavidas temporal para la economía más pobre de la región.

Por Gustavo Rojas-Matute / Académico y economista

Históricamente, la situación económica de Haití ha sido particularmente dramática en comparación con el resto de América Latina y del Caribe. Según los datos del Banco Mundial, mientras el Producto Interno Bruto por persona es de apenas US$770 anuales para los haitianos, el promedio de América Latina es de US$9.300 al año.

Una economía particularmente pobre y frecuentemente azotada por la fuerza de la naturaleza, que ha sufrido terremotos y huracanes, tampoco ha logrado sentar cabeza desde el punto de vista institucional, sometiendo a sus habitantes a una constante volatilidad política y social.

Ante tal situación de vulnerabilidad, la aparición de Petrocaribe fue un salvavidas temporal para la economía más pobre de la región. La petropolítica internacional del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, tenía como principal objetivo subsidiar combustibles a las islas del Caribe a cambio de votos en la OEA y la ONU.

Con base en este acuerdo, Haití recibió cerca de 14.000 barriles diarios en productos derivados del petróleo (gasolina, diesel y kerosene) que, según el Banco Interamericano de Desarrollo, ha servido fundamentalmente para la generación de energía eléctrica.

Las favorables condiciones de Petrocaribe permitieron mantener un subsidio a la energía. En el caso específico de la gasolina, mientras la mayoría de las economías de Centroamérica y el Caribe cobran impuestos a la gasolina entre 0,6 y US$1,6  por galón, Haití ha mantenido un precio fijo, que lleva a un subsidio que se estima en US$0,8 por galón.

Los subsidios a la gasolina y al diesel tienden a ser bastante negativos para los países por varias razones, pero fundamentalmente porque son ineficientes: afectan al ambiente al aumentar la producción de emisiones de CO2 y usualmente benefician a las personas con mayores ingresos. Recursos que podrían ser utilizados para infraestructura, salud, educación, etc., terminan siendo utilizados para pagar la gasolina de unos pocos. Adicionalmente, en muchas ocasiones, estos subsidios estimulan el contrabando y la corrupción. Haití no ha sido inmune a esta última.

Como resultado de la crisis económica en Venezuela y la caída en la producción petrolera interna, el proyecto de Petrocaribe se ha venido abajo y Haití se ha visto en la necesidad de tener que importar combustible sin los beneficios financieros de otrora.

En este sentido, cuando el gobierno de Haití, en aras de reducir el déficit fiscal (2,7 % del PIB) y de cuenta corriente (10,7% del PIB), anunció aumentos en los precios de los combustibles, tuvo que enfrentar fuertes protestas y revertir la medida, toda vez que estallaron fuertes protestas mientras se desvelaba un posible caso de malversación de recursos provenientes de Petrocaribe.

Ante tal costo político y debido a que ya no puede afrontar el subsidio al combustible, el Gobierno de Haití optó por trasladar el subsidio al sector privado, lo cual ha puesto en riesgo la sostenibilidad del negocio y la oferta de energía.

Si el sector público no puede afrontar el subsidio, mucho menos puede hacerlo el sector privado. Esto lleva al gobierno al dilema social de tener que enfrentar nuevas protestas o seguir estrangulando al sector privado, lo cual conllevaría, eventualmente, a un colapso de la oferta de combustibles.

El gobierno de Haití no puede trasladar el costo político a las empresas privadas.

Eventualmente, tendrá que hacer frente al aumento de los precios de los combustibles. No será una medida sencilla, pero corresponde al liderazgo político asumir la responsabilidad histórica de enfrentarlo. Mientras más temprano, mejor.

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