Las partes acordaron para una próxima citación considerar las propuestas conocidas ayer en la bancada de la UNE.

Por La Prensa Libre

 Por lo menos cuatro nuevos cambios solicitaron ayer congresistas a la Junta Monetaria (JM) y la Superintendencia de Bancos (SIB) en la inciativa de reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Incrementar el monto de capitalización a los bancos, prohibir la repartición de utilidades o ganancias de las instituciones intervenidas y subir la cuota del Fondo de Protección al Ahorrante (Fopa) por medio de un impuesto específico a productos financieros, son estos cambios.
Además, se pidió la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio a los accionistas, gerentes y directivos de entidades financieras intervenidas.
Estas fueron las propuestas que el diputado Carlos Barreda, integrante de la Junta Directiva del Congreso, presentó ayer en la primera reunión para tratar el pliego de reformas bancarias.
 Las autoridades monetarias explicaron el contenido de la propuesta que se presentó el pasado 12 de septiembre y que incluye, entre otras reformas, el salvataje de bancos del sistema que se encuentren insolventes pero que puedan ser operados por medio de recursos públicos para no ser intervenidos con una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos (JEAP).

“Como bloque de UNE estamos en desacuerdo en que se carguen recursos del presupuesto estatal para salvar a malos administradores de bancos”, advirtió Barreda.

Alternativas

Por su parte, los diputados Gabriel Heredia y Haroldo Quej solicitaron al presidente en funciones del Banguat, Sergio Recinos, y al jefe de la SIB, José Alejandro Arévalo, presentar opciones en las que no se asignen fondos públicos para rescatar a entidades financieras, como se plantea en la iniciativa.

“Lo que queremos es que se garantice a los clientes su patrimonio personal y que no salga dinero del presupuesto, porque se quita a otras entidades públicas”, afirmó Heredia.

Las partes acordaron para una próxima citación considerar las propuestas conocidas ayer en la bancada de la UNE.

Arévalo dijo que la medida de salvamento solo se aplicaría a una entidad que aún se pueda recuperar, ordenarla y luego vender la cartera a otros bancos interesados en un plazo de tres años, que sería prorrogable.

El superintendente recordó que en la ley actual, que data del 2002, solo se establece la intervención de un banco por medio de una JEAP y la idea es —con la reforma— que una entidad siga operando, pero administrada por el Banguat y la SIB, un instrumento que varios países están aplicando, con apoyo estatal como contingencia.

El jefe de la SIB recordó que en octubre del 2015 fue intervenido un banco en Honduras tras ser incluido en una lista en Estados Unidos, porque directivos de la institución habían efectuado operaciones ilícitas, pero señaló que la entidad no tenía problemas.

Arávalo resaltó que el sistema financiero nacional es solvente y que los indicadores de liquidez son favorables.

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