El Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, pero aún es insuficiente.

Por Revista Summa

Este viernes 4 de marzo, tras su plenaria, el  Grupo de Acción Financiera (Gafi) decidió mantener a Panamá en su lista gris o «lista de las jurisdicciones bajo una mayor supervisión».

Al mismo tiempo, el organismo  volvió a expresar su  «preocupación» porque Panamá no completó  su plan de acción, mismo que expiró por completo  en enero de 2021. Por lo tanto, lo instó “encarecidamente” a demostrar rápidamente un progreso significativo antes de junio de 2022.

De lo contrario, le advirtió  que considerará los siguientes pasos, que podrían  incluir que haga un llamamiento  a sus miembros  e inste a todas las jurisdicciones  a que apliquen una mayor diligencia  debida a las relaciones  y transacciones comerciales con Panamá.

Panamá fue incluido en la lista gris del Gafi desde junio de 2019, tras haber salido de ella en 2014, donde estuvo  incluida por solo cumplir con el 8 % de sus recomendaciones. Sin embargo, logró salir de esa clasificación, tras realizar varias reformas. En 2019 debió demostrar efectividad pero no pudo zafarse de la temida lista gris.  

En enero de 2021 venció el plazo para demostrar progreso en el plan de acción, pero hasta la fecha no ha podido hacerlo. En mayo de 2020, la UE  también incluyó al país en la lista de países de «alto riesgo para el blanqueo de capitales y financiamientos del terrorismo». El pasado 25 de febrero el grupo de los Veintisiete decidió  mantener a Panamá y a otros ocho países en su lista de paraísos fiscales, al considerar que no han realizado las reformas requeridas.

«Finalmente, salió lo que lamentablemente parecía ya un hecho que era que nos iban a mantener en la lista gris», expresó el presidente de World Compliance Association (WCA), Capítulo Panamá, Tabaré Albarracini.

Sin embargo, con este llamamiento  nuevamente el Gafi está siendo enfático en que si de aquí a junio (2022), que es la próxima evaluación, no ven cambios y compromisos sí podrían tomar otras medidas que es incluirnos a la lista negra, lo cual sería «catastrófico» para el sistema financiero panameño.

«El problema radica que ya en enero de 2021  se expiró el tiempo original que se había comprometido Panamá  para cumplir con los compromisos adquiridos ante el Gafi, sin embargo ya a más de un año  desde la expiración de ese término el gobierno no ha visto el problema  de fondo  se ha dedidcado a mover piezas claves y por cuestiones políticas y no arreglar el problema de fondo original», expresó Albarricini.

En su comunicado,  el Gafi destacó que Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso mediante el fortalecimiento de su comprensión del riesgo de LA/FT de las personas jurídicas, como parte del sector corporativo.  

Pero todavía debe tomar medidas urgentes para abordar completamente las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya han expirado, y  continuar trabajando en su  implementación  para abordar sus deficiencias estratégicas. Dentro de las deficiencias están:

  1. Garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en respuesta a las violaciones ALD/CFT.
  2.  Garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores dominicales.
  3. Y demostrar su capacidad para investigar y enjuiciar el LD que involucre delitos fiscales extranjeros y continuar brindando una cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos, y continuar enfocándose en las investigaciones de LD en relación con áreas de alto riesgo.

1. Garantizar la verificación adecuada de la información actualizada sobre beneficiarios reales por parte de las entidades obligadas y el acceso oportuno por parte de las autoridades competentes, establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluar los riesgos existentes de uso indebido de personas jurídicas y acuerdos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de los accionistas y directores dominicales.

Según el comunicado, el GAFI revisó el progreso de los siguientes países desde octubre de 2021: Albania, Barbados, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Jamaica, Malta, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Filipinas, Senegal, Sudán del Sur, Uganda y Zimbabue.

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