Costa Rica está impulsando su amplio programa de reformas estructurales destinadas a fomentar un crecimiento sólido e inclusivo durante la transición a una economía de bajas emisiones de carbono.
Por Revista Summa
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) dirigida por la Sra. Manuela Goretti celebró reuniones virtuales del 22 de septiembre al 6 de octubre sobre la primera revisión del programa económico de Costa Rica, que está respaldado por un acuerdo de tres años en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF). Las conversaciones continuarán en las próximas semanas.La Sra. Goretti dio a conocer la siguiente declaración:
“La misión logró avances significativos hacia un acuerdo a nivel de personal con respecto a la primera revisión del programa respaldado por el SAF. Las conversaciones continuarán en las próximas semanas, en parte durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
La respuesta proactiva de las autoridades ante la pandemia y la favorable evolución externa están propiciando una sólida recuperación económica. Gracias a un fuerte crecimiento de las exportaciones y una vigorosa campaña de vacunación, las perspectivas han mejorado y ahora se proyecta que el PIB real crezca 4,7% en 2021, comparado con 2,6% a la fecha de solicitud del SAF. Todas las metas del programa para fines de julio se cumplieron holgadamente, debido en parte a una firme evolución de los ingresos, gasto prudente, y mejores condiciones en el mercado.
Las autoridades avanzan adecuadamente hacia el cumplimiento de las metas fiscales en el marco del programa, apoyándose en una combinación equilibrada de racionalización del gasto —conforme a la regla fiscal— y movilización equitativa de los ingresos. Le han dado prioridad a apoyar a los más vulnerables y responder ante la pandemia. Las medidas adicionales sobre ingresos que se están debatiendo en la Asamblea Legislativa son esenciales para que el programa de las autoridades siga encaminado hacia el logro de un superávit primario de 1% del PIB fijado como meta para 2023, y para garantizar que la relación deuda pública/PIB entre en una firme trayectoria descendente. La aprobación de la ambiciosa Ley de Empleo Público por parte de la Asamblea Legislativa será crucial para reforzar la equidad y la eficiencia del gasto público.
La política monetaria se ha basado en los datos y es prospectiva, con el fin de garantizar una inflación baja y estable. La postura monetaria expansiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) sigue siendo apropiada, dadas las aún moderadas perspectivas de inflación, y en los próximos meses la economía podría requerir apoyo monetario adicional. La continua flexibilidad del tipo de cambio y el desarrollo del mercado cambiario ayudarán a facilitar una gestión eficaz del riesgo. La misión elogió los pasos que se están dando para reforzar aún más la autonomía operativa y la gestión de gobierno del BCCR, las iniciativas en materia de supervisión para afianzar la vigilancia financiera y el repliegue gradual de las medidas regulatorias de emergencia que se introdujeron para contrarrestar el impacto de la COVID.
Como parte de su ambicioso programa de reforma macroestructural, Costa Rica está llevando a cabo loables esfuerzos para mitigar el impacto desproporcionado de la pandemia sobre los más vulnerables, promoviendo una mayor formalización y la participación femenina en la fuerza laboral. Cabe elogiar en particular los planes de políticas públicas de gran alcance de Costa Rica para la transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que genere nuevas oportunidades económicas y de empleo.
El equipo del FMI agradece a las autoridades de Costa Rica y a otros interlocutores por los diálogos francos y constructivos que se entablaron”.
La misión celebró reuniones virtuales con el Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado; el Presidente del BCCR, Rodrigo Cubero; el Ministro de Hacienda, Elian Villegas; la Ministra de Planificación, Pilar Garrido; y otros altos funcionarios del gobierno y el sector financiero, miembros de la Asamblea Legislativa y representantes de los sectores académico, privado, la sociedad civil y sindicatos, así como otros socios para el desarrollo.