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Fiscalía afirma que Odebrecht pagó «sobornos a diestra y siniestra» en Panamá

Sep 21, 2022 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
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«La ambición de esta empresa y estos altos funcionarios» se tradujo en «el más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región», dijo el fiscal Hasan.

Por EFE

 La constructora Odebrecht pagó «sobornos a diestra y siniestra» en Panamá, donde altos cargos del gobierno y candidatos se beneficiaron de un esquema de blanqueo «atípico», dijo este martes la Fiscalía en la audiencia preliminar del caso, que involucra a casi 50 imputados por los delitos de blanqueo y corrupción.

Esta audiencia preliminar, en la que la juez Baloisa Marquina decidirá sobre el llamamiento a juicio de los imputados, comenzó el pasado 12 de septiembre y se espera que culmine el próximo día 30. Está ahora en la fase de alegatos.

El fiscal Mahmad Daud Hasan aseveró que la constructora brasileña, que llegó a Panamá en el 2006 y fue durante varios años el principal contratista del Estado, pagó «sobornos a diestra y siniestra» en el país, «a toda persona que era importante tener de lado de ellos para resolver» eventuales problemas y la burocracia.

«Desde presidente, vicepresidente, ministros de Estado, incluso candidatos» panameños recibieron el dinero ilícito de Odebrecht, «que no se contentaba con tener todas las obras» sino que «luego quería tener una forma de resolver todos los problemas» y pagaba «coimas para garantizar que se resolviera los problemas», agregó.

Entre las personas naturales (48) y jurídicas (1) imputadas por el delito de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, para las que la Fiscalía pide el llamamiento a juicio en esta fase, están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), así como varios exministros del primero.

«La ambición de esta empresa y estos altos funcionarios» se tradujo en «el más alto nivel de corrupción jamás antes visto en Panamá y en la región», dijo el fiscal Hasan, que destacó que el «pago de sobornos salía de los sobrecostos de los proyectos» de Odebrecht.

Destacó que se está ante un «caso de blanqueo bastante atípico», con «características muy particulares», pues se utilizaron esquemas «diseñados por la propia empresa y los propios imputados».

En esta jornada de alegatos, la fiscal Janisbeth Malek explicó a la juez cómo se manejaron las sociedades relacionadas con el expresidente Martinelli, sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, y varios exministros del período 2009-2014 «para recibir cerca de 50 millones de dólares en pagos ilícitos».

«Testaferros de estas sociedades están condenados por acuerdo de pena», aseguró Malek, que resaltó que la Fiscalía ha «acreditado conductas propias de ocultar pagos ilícitos que hizo Odebrecht a exfuncionarios panameños».

Los hermanos Martinelli purgan cárcel en EE.UU. tras declararse allá culpables de participar «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht a un funcionario de alto rango en ese entonces del Gobierno de Panamá, que era un pariente cercano de los acusados», por un total de 28 millones de dólares.

El abogado de Luis Enrique, James Mac Govern, declaró que los hermanos habían actuado «por órdenes del padre».

El fiscal Hasan también sustentó la imputación por blanqueo al expresidente Varela al explicar el entramado societario y de una fundación para canalizar donaciones de campaña, de al menos unos 3,8 millones de dólares, que en realidad no eran más que «sobornos».

«Si fuera una donación nadie utilizaría todo este entramado», no se hubieran hecho «a través de estos mecanismos, que son mecanismos de lavado de activos (…) los mismo bancos que usaron para pagar coimas se usaron para canalizar las donaciones a la campaña de Varela», afirmó Hasan.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado millones en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

En julio de 2017, Odebrecht firmó con la Fiscalía panameña un acuerdo para pagar en 12 años una multa de 220 millones de dólares al Estado, el cual no se está cumpliendo.

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