La industria centroamericana manifiesta su rechazo a la aplicación de la Circular No. CT/042/2019 aplicada por Nicaragua en detrimento del libre tránsito de mercancías.

Por Revista Summa

Los miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (FECAICA) manifiestan su preocupación por las medidas aplicadas por la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, con relación a la aplicación de un cobro de cincuenta dólares ($50.00) a la importación temporal de medios de transporte de carga, a partir del 15 de marzo de 2019.

La medida aplicada es claramente violatoria de la Resolución COMRIEDRE 56-2001, que aprueba el Reglamento sobre el Régimen de Transito Aduanero Internacional, en el que se regulan los procedimientos en la aduana de partida, en las aduanas de paso de frontera y en las aduanas de destino. En dicho Reglamento no se establece ningún tipo de cobro por la presentación de la Declaración Única de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre –DUT- o el cobro por el sometimiento de autorización de dicha declaración en la Aduana.

Esta medida unilateral aplicada por Nicaragua pone en peligro el proceso de integración centroamericano, al establecer tratamientos diferenciados a los medios de transporte de carga, que implican una clara violación tanto a la normativa vigente en Centroamérica, como a los tratados internacionales suscritos por los Estados centroamericanos como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el reciente Acuerdo de Facilitación de Comercio, en los cuales se contempla el “libre tránsito” como pilar fundamental de su adecuada aplicación.

Es imperativo el respeto a las autoridades y a la normativa de la integración, por lo que la creación de instancias que ya existen y que son exitosamente manejadas por la SIECA, como la Base de Datos de Transportistas, es claramente innecesario y representa un retroceso para el proceso de integración.

Instamos a las autoridades del gobierno de Nicaragua a que cumplan con la normativa regional vigente que fortalece el proceso de integración económica y el desarrollo de nuestro segundo mercado comercial, eliminando una medida claramente restrictiva al comercio centroamericano y que traerá graves consecuencias para la integración exitosa de nuestra región, como las ya vividas con el reciente cierre de la frontera de Peñas Blancas.

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