En Costa Rica, país donde se han trasladado miles de nicaragüenses desde el estallido de la crisis social y política de 2018, los expertos se reunieron con víctimas, activistas y organizaciones.
Por EFE
Expertos de la ONU que analizan la situación de Nicaragua urgieron este sábado a la comunidad internacional tomar «acciones efectivas» para impedir que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y para sancionar a los responsables.
«Se han identificado acciones de (el presidente) Daniel Ortega y (su esposa y vicepresidenta) Rosario Murillo que llevaron a determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad», declaró la experta colombiana Ángela María Buitrago en una conferencia de prensa en Costa Rica.
La experta agregó que «los pasos que quedan es que la comunidad internacional tome acciones y que esas acciones sean directamente efectivas para impedir no solamente que se sigan cometiendo los delitos, sino para promover acciones de investigación y sanción».
Buitrago se encuentra en Costa Rica junto al alemán Jan-Michael Simon, ambos forman parte del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En Costa Rica, país donde se han trasladado miles de nicaragüenses desde el estallido de la crisis social y política de 2018, los expertos se reunieron con víctimas, activistas y organizaciones para seguir documentando la situación y para exponer el informe que presentaron recientemente en Ginebra.
DIVERSAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Una de las violaciones a los derechos humanos documentada por el grupo de expertos es el despojo de la nacionalidad a personas opositoras al Gobierno de Daniel Ortega, lo cual «lleva a la necesidad de una profundización porque se está viendo una respuesta con respecto a la familia extendida de las personas que han salido de Nicaragua», dijo Buitrago.
La experta colombiana también señaló graves violaciones a la libertad de prensa y de expresión con el cierre de medios de comunicación, la persecución de periodistas, el retiro de la nacionalidad y el exilio de los comunicadores nicaragüenses.
Una situación similar han experimentado los defensores de derechos humanos y las organizaciones que han sido cerradas por el Gobierno.
«No solo cerraron organizaciones de derechos humanos, sino que intimidaron, callaron y generaron exilio y deportación a las personas que podían seguir con esa labor, y a quienes siguen en el país se les ha acusado de traidores a la patria», expresó Buitrago.
Por su parte, Jan-Michael Simon, explicó que se espera que el mandato del Grupo de Expertos sea renovado el próximo 4 de abril por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que permitirá seguir profundizando líneas de investigación.
Simon dijo que al grupo le interesa profundizar en asuntos como corrupción, violaciones a los derechos de los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, así como la participación de mandos medios en la crisis.
EL INFORME DEL GRUPO DE EXPERTOS
El pasado 6 de marzo del grupo de expertos presentó su primer informe, en el que señaló que crímenes de lesa humanidad son cometidos por parte del Gobierno nicaragüense «como parte de una línea de conducta generalizada y sistemática» contra parte de la población del país por motivos políticos.
El informe, que investigó 159 casos y se realizó con entrevistas a 291 víctimas y testigos, documenta violaciones de derechos humanos tales como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas que incluyeron violencia sexual, o privación arbitraria de la nacionalidad, entre otros abusos.
El informe concluye que tras estos crímenes de lesa humanidad están tanto Ortega como su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales.