La ley panameña establece un plazo de seis meses para recabar las firmas de un 20 % del padrón electoral.
Por Revista Summa
Un eventual proceso constituyente en Panamá, una vía que impulsan sectores de la sociedad civil para reformar la Carta Magna ante el «colapso institucional» en el país, tendría un costo de al menos 47 millones de dólares, dijo este martes el Tribunal Electoral (TE).
El ente de comicios informó de que calcula que requerirá cerca de 22 millones de dólares para organizar la elección de los 60 miembros de la Asamblea Constituyente Paralela, un mecanismo contemplado en la Constitución creada en 1972, durante en el régimen militar (1968-1989), y reformada en cuatro ocasiones, la última en 2004.
El Tribunal Electoral indicó que se necesitarán otros 10 millones de dólares para la instalación de la Asamblea Constituyente, y entre 15 y 20 millones de dólares para el referendo al que se someterá la nueva Constitución que emane de ese cuerpo.
Dos grupos civiles impulsan, mediante la recolección de firmas, la instalación de la Constituyente Paralela, un ente que trabajará a la par de los poderes constituidos y cuyas decisiones no tendrán efectos retroactivos.
El Movimiento de Justicia Social ya está autorizado por el Tribunal Electoral para recoger las firmas y comenzó a hacerlo el pasado 5 de mayo, mientras que el Movimiento Panamá Decide está a la espera del permiso correspondiente.
La ley panameña establece un plazo de seis meses para recabar las firmas de un 20 % del padrón electoral, es decir, unas 580.742, para respaldar la elección de una Asamblea Constituyente Paralela, que una vez constituida tendrá seis meses para hacer su trabajo.
El TE debe acoger la iniciativa y convocar la elección de los 60 miembros de la Constituyente en un plazo no menor de tres meses y no mayor de seis meses desde formalizada la solicitud respaldada por las firmas.
En total, todo el proceso tomaría alrededor de dos años, dijo el presidente del TE, Heriberto Araúz.
La Constituyente es un imperativo ante una «institucionalidad fallida» en Panamá, que requiere un nuevo contrato social para fortalecer y garantizar una marcada separación e independencia de los tres poderes del Estado, dijeron a Efe representantes de ambos movimientos civiles.
Panamá lleva años siendo estremecida por sucesivos escándalos de corrupción con una respuesta judicial calificada al unísono como impunidad, y una desigualdad social que no cede terreno pese al crecimiento económico que marcó al país en las últimas dos décadas.