En Guatemala, un país habitado por más de 16,3 millones de personas, cerca del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza.
Por EFE
Al menos nueve organizaciones guatemaltecas, entre las que destacan estudiantiles, campesinas, indígenas y religiosas, aseguraron este lunes que mantendrán en pie las «jornadas de lucha ciudadana» contra el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei, «hasta lograr transformaciones reales y estructurales».
Las organizaciones esgrimieron, en un comunicado y una rueda de prensa, que el país centroamericano «necesita transformar el sistema desde su raíz y, en lo inmediato, acciones reales de atención a las necesidades urgentes de vivienda, alimento y salud» de la población, sobre todo para enfrentar la pandemia de covid-19 y los fenómenos tropicales que «han profundizado la pobreza».
Además, advirtieron que el supuesto acuerdo del binomio presidencial compuesto por Giammattei y su vicepresidente, Guillermo Castillo «no responde las demandas fundamentales de la población».
Giammattei y Castillo mantenían una disputa que supuestamente culminó el pasado viernes cuando en rueda de prensa ambos anunciaron algunos planes del país para 2021, poniendo fin a sus diferencias.
De acuerdo a las organizaciones sociales, lo acontecido el viernes es «fruto del temor ante el creciente descontento colectivo» y, además, significaron «acuerdos políticos entre distintos grupos de poder económico para acallar la protesta ciudadana».
Dentro de las nueve organizaciones se encuentran la Asociación Estudiantil Universitaria (AEU) de la Universidad San Carlos (Usac, pública autónoma), la asociación Landivarianos de la jesuita Universidad Rafael Landívar (privada), la Asamblea Social y Popular y la Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej, entre otras.
En Guatemala, un país habitado por más de 16,3 millones de personas, cerca del 60 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y uno de cada dos niños menores de cinco años sufren de desnutrición crónica, según organismos internacionales.
En los próximos días, agregó el comunicado del frente de entidades, «los pueblos se movilizarán en diferentes territorios para demandar la renuncia de Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo».
También exigirán «la depuración del Congreso y la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, así como acciones mínimas para detener el retroceso al que nos quiere llevar el pacto de corruptos».
Finalmente, las organizaciones afirmaron que la solución al país es una «asamblea plurinacional constituyente», que represente las «distintas naciones» que componen Guatemala.
LA CRISIS DEL GOBIERNO
El Gobierno de Giammattei entró en crisis el pasado 18 de noviembre con la aprobación de un polémico presupuesto por parte del Congreso, donde tiene mayoría con partidos aliados, que provocó la ira de la población y que dio paso a varias protestas.
A ello se sumó el pedido de Castillo, quien instó el 20 de noviembre a Giammattei a que renunciaran en conjunto ya que el país no se encontraba «bien».
Las manifestaciones en contra de Giammattei, frente al Palacio Nacional de la Cultura (sede del Gobierno), se iniciaron el 21 de noviembre y se han mantenido vigentes por tres semanas consecutivas, aunque cada vez con menos participación de personas, pese a la suspensión del controvertido presupuesto.
Ese 21 de noviembre, mientras más de 10.000 manifestantes protestaban pacíficamente frente al Palacio Nacional, frente al Congreso, un grupo de encapuchados quemó parte de las instalaciones del Parlamento, lo que produjo una respuesta «excesiva», según analistas y defensores de derechos humanos, de la Policía en contra de la población, hasta llegar a rociar con gases lacrimógenos a niños y ancianos.
La crisis política hizo que Giammattei invocara el 22 de noviembre la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA), un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar «la institucionalidad democrática» en el continente mediante la organización continental.
Debido a ello, la OEA envió una misión al país por cinco días y la misma dictaminó el 4 de diciembre en un informe preliminar que se deben tomar «medidas específicas» sobre ciertos temas de preocupación para la sociedad, como la corrupción y la impunidad.