La suspensión de la ley por la corte en 2020 obedecía a que «este Tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos».
Por EFE
Una polémica reforma de ley para las organizaciones no gubernamentales en Guatemala, que permite fiscalizarlas arbitrariamente, entró en vigor este lunes pese al rechazo de diversas entidades sociales.
La modificación a la ley fue aprobada en febrero de 2020 por el Congreso guatemalteco y avalada el pasado 14 de junio por el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, tras descartar un recurso legal en contra de la normativa.
Inicialmente, en marzo de 2020, la Corte de Constitucionalidad había suspendido la ley de manera provisional por un recurso legal de varias entidades y personas particulares, a la espera del dictamen definitivo que finalmente fue divulgado el pasado 14 de junio.
La suspensión de la ley por la corte en 2020 obedecía a que «este Tribunal estima que la vigencia de dicho decreto conlleva amenaza de violación de Derechos Humanos».
Sin embargo, casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado para el período 2021-2026 del tribunal, y la decisión de avalar la ley fue modificada por los nuevos miembros de la corte.
La reforma de ley había sido sancionada el 27 de febrero de 2020 por el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, después de que el Congreso de mayoría oficialista la aprobara el 11 de febrero de dicho año en una extensa jornada parlamentaria.
CON OPOSICIÓN EXTRANJERA
Las reformas a la normativa, denominada «Ley de Organizaciones No Gubernamentales», habían sido objetadas en su momento por organizaciones sociales locales y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El pasado 10 de junio, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, manifestó su oposición a la reforma de ley.
Harris indicó que durante su gira por Guatemala el 6 y 7 de junio pasado le pidió al presidente, Alejandro Giammattei, que dejen «hacer su trabajo» sin obstáculos a las ONGs.
«Este es un tema que me preocupa profundamente, porque queremos asegurarnos de que hay independencia: un sistema judicial independiente, una prensa independiente, y que las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONG, puedan hacer su trabajo sin interferencias. Eso lo dejé muy claro», afirmó Harris.
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en febrero de 2020, Michael Kozak, manifestó de igual forma su oposición a la reforma de ley mediante sus redes sociales.
Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que «juegan un papel clave» en la construcción de las diversas democracias.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido en 2020 sus reservas con respecto a la nueva normativa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019, Michelle Bachelet, de igual forma manifestó en ese año su preocupación por la ley, que introduce «requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales» que «en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar» su labor.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Las reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período legislativo, ordenan el «control» de las organizaciones no gubernamentales en el país y su «fiscalización» aún cuando no manejen fondos públicos, entre otras medidas.
«Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público», establece la reforma de ley. «Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada», reza la normativa.
La entidad Acción Ciudadana, representante en Guatemala de Transparencia Internacional, manifestó este lunes en un comunicado su oposición a la entrada en vigor de la reforma de ley y detalló que elevaron un recurso legal ante la Corte de Constitucionalidad para solicitar el bloqueo de la reforma.