El Tribunal Electoral dijo que la solicitud planteada por Cortizo «implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la Elección General del 5 de mayo de 2024 y para la cual la institución se ha venido preparando desde hace dos años».
Por EFE.
El Tribunal Electoral (TE) de Panamá dijo este lunes que «no hay condiciones para organizar» la consulta popular vinculante propuesta por el Ejecutivo como salida a la crisis derivada del rechazo en las calles a un controvertido contrato minero.
«En este momento no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular», dijo el pleno del Tribunal Electoral, de tres magistrados, en una declaración pública.
El TE se pronunció después de que el presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunciara anoche que pediría a esa institución la realización el próximo 17 de diciembre de una consulta popular vinculante sobre la derogatoria o no del contrato entre el Estado y Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral (FQM), como vía para superar la oleada de protestas que desde hace más de una semana sacuden el país.
«No existe en la Constitución Política ni en el Código Electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada», señaló el presidente del Tribunal Electoral de Panamá, Alfredo Juncá.
Juncá, leyendo un comunicado, explicó que «sin embargo, si una Ley, debidamente aprobada y sancionada, así lo ordenase, la institución quedaría obligada a convocarla y organizarla, sujeta al tiempo y a los recursos necesarios, siempre y cuando existan las condiciones para garantizar el ejercicio de todos los derechos políticos como son los de seguridad y libre movilización».
El Tribunal Electoral dijo que la solicitud planteada por Cortizo «implica un esfuerzo adicional y paralelo al complejo proceso de organización de la Elección General del 5 de mayo de 2024 y para la cual la institución se ha venido preparando desde hace dos años».
El pleno de ese ente electoral declaró que la Corte Suprema de Justicia de Panamá «tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 406 (del nuevo contrato minero) que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria».
Y agregaron que «la vinculación o no del resultado de dicha consulta y el cumplimiento o no de lo que en ella se decida, no es competencia del Tribunal Electoral, sino del solicitante».
Instan al diálogo
El Tribunal Electoral instó a todas las partes involucradas en la crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas que le devuelvan la paz social» al país.
Cortizo, en la segunda de sus tres declaraciones la semana pasada, dijo estar dispuesto a «conversar» para «ponernos de acuerdo».
«Siempre estaré dispuesto a dialogar. Este ha sido, y es, un Gobierno de puertas abiertas», remarcó el mandatario en aquel momento.
Después de que Cortizo firmara el pasado 20 de octubre ese contrato ley con Minera Panamá, filial de FQM, miles de manifestantes han salido a las calles para exigir su derogación, además de una moratoria minera indefinida, y que han dejado fuertes enfrentamientos con la Policía, que ha respondido con gases lacrimógenos.
Además, activistas y juristas han señalado que el nuevo contrato mantiene los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
El Gobierno defiende sin embargo que esta renovación a 20 años prorrogable otorga grandes beneficios al país, como el ingreso mínimo anual de US$375 millones al fisco, el pago de impuestos antes exentos, así como amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, entre otros.