En la última década Panamá ha estado fluctuando en un promedio de 37/100 bajando o subiendo 1 o 2 puntos año a año, como resultado de pequeños ajustes en las fuentes.
Por La Estrella
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021 publicado hoy por Transparencia Internacional muestra que en Panamá los niveles de corrupción en el sector público siguen estancados desde 2012, cuando el país fue incluido en el IPC. En esta edición del IPC2021, Panamá obtuvo la calificación del 36/100 (siendo 0 lo más opaco/corrupto y 100 lo más transparente/limpio), ocupando la posición 105 entre 180 países en el rango mundial.
Esta calificación coloca nuevamente a Panamá por debajo de la media de la región americana de 43/100, siendo los países mejor calificados de la región Canadá (74), Uruguay (73), Chile (67) y los peor evaluados Nicaragua (20), Haití (20) y Venezuela (14).
En comparación con calificaciones anteriores, en la última década Panamá ha estado fluctuando en un promedio de 37/100 bajando o subiendo 1 o 2 puntos año a año, como resultado de pequeños ajustes en las fuentes, pero estas fluctuaciones no son estadísticamente significativas y solo confirman la falta de un verdadero avance institucional en la transparencia y rendición de cuentas del sector público, y la certeza del castigo de los actos de corrupción por parte de la administración de justicia.
El Índice califica a 180 países y territorios de todo el mundo en función de la percepción de la corrupción en el sector público, utilizando datos de 13 fuentes externas de expertos mundiales, tanto del sector público internacional como el privado. Las fuentes que se utilizaron para la evaluación en el IPC2021 de Panamá
son:
1. Índice de transformación de la Fundación Bertelsmann
2. Clasificaciones de países de The Economist Intelligence Unit
3. Calificaciones de riesgo por países de Global Insight
4. Guía de Riesgo País de PRS International
5. Proyecto de Variedades de la Democracia
6. Foro Económico Mundial – Opinión de Ejecutivos
7. Índice del Estado de Derecho del World Justice Project
«El estancamiento de Panamá es el reflejo de situaciones vividas en 2021, como los ataques a la libertad de expresión e información, la falta de rendición de cuentas y los retrocesos en la institucionalidad democrática», señaló Transparencia Internacional desde Panamá.
Ha sido un año además donde la desigualdad social se vio agravada por los impactos económicos y sanitarios de la pandemia, agregó la organización.
Salvo algunos avances puntuales, principalmente el nuevo sistema en línea de compras públicas -Panamá Compras-, poco se ha avanzado en temas puntuales de la transparencia institucional. Por contrario la lista de agravios a la institucionalidad democrática que han fortalecido la corrupción es larga:
Impunidad en los casos de corrupción que involucran fondos públicos y figuras políticas.
Irrespeto a la Carrera Administrativa, utilizando la planilla estatal como botín político.
Uso discrecional de fondos públicos para esquemas de política clientelista, privilegios, prebendas y gastos injustificados de funcionarios.
Falta de transparencia y rendición de cuentas en las concesiones, contratos estatales y otros
esquemas de explotación de nuestros recursos naturales.
Incumplimiento de compromisos de dotar al país de leyes que enfrenten la corrupción
La falta de transparencia y rendición de cuentas de todos los recursos utilizados bajo el estado de emergencia por la pandemia.
En materia de derechos humanos, entre otros, la libertad de expresión ha sufrido embates a través del hostigamiento judicial a medios y periodistas por parte de figuras políticas y el acceso a la información pública se ha visto coartado por la negativa injustificada de entregar información de naturaleza pública en diversos casos. Los derechos humanos de los panameños a la conservación de sus recursos naturales también han sido vulnerados.
Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, ha señalado: “existe una clara vinculación entre la corrupción y la falta de respuesta de los gobiernos a las necesidades básicas de la población más vulnerable – salud, agua, educación, vivienda-, y eso constituye una violación a los derechos humanos. Es preciso que se entienda que combatir la corrupción y la generalizada impunidad, es defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a una vida digna”.
La FDLC-TI Panamá hace un llamado al gobierno nacional para que actúe de acuerdo con sus compromisos y promesas en materia de lucha contra la corrupción, tal y como quedó plasmado en el Reto por la Transparencia firmado el 29 de enero de 2019.