El proyecto plantea la aplicación de multas económicas en caso de que los recurrentes presenten objeciones al cartel o gestiones de apelación y revocatoria.

Por Revista Summa

Las empresas del país se enfrentarían a importantes desafíos ante la posible aprobación de Ley de Contratación Pública, cuyo proyecto se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. La reforma aspira a cambiar el paradigma en materia de compras estatales.

Según Juan José Cheng -especialista en Derecho Público de Nassar Abogados- destacó que uno de los principales aspectos que modificaría el proyecto se refiere a las sanciones administrativas a los contratistas, y en particular, en lo referente a entregas tardías, las cuales son muy comunes. En ese sentido, las empresas deberían evaluar su capacidad logística para verificar que pueden cumplir a tiempo con las fechas de entrega, porque hasta la fecha, este tipo de incumplimientos ha sido sancionado con apercibimientos (amonestaciones). Sin embargo, de aprobarse esta ley, las entregas tardías serían sancionadas con inhabilitación para contratar con la administración por lapso que van desde los seis meses y hasta dos años.

Como parte de la justificación del proyecto de ley, se menciona el hecho que, ante la complejidad de los procesos ordinarios de contratación, existe una tendencia a utilizar los procedimientos excepcionales (contrataciones directas) dada la complejidad de los procedimientos ordinarios. Por ello, el principal objetivo de la iniciativa legislativa consiste en restringir considerablemente el uso de procedimientos excepcionales y promover que existan más concursos (licitaciones), eso sí, con simplificación del trámite.

El experto también señala un cambio importante en materia de impugnaciones dentro del procedimiento de contratación administrativa. El proyecto plantea la aplicación de multas económicas en caso de que los recurrentes presenten objeciones al cartel o gestiones de apelación y revocatoria “si se determina que tales impugnaciones implican haber actuado con temeridad, mala fe o abuso de derechos procedimentales”. 

El abogado explica que “si bien el espíritu del proyecto es disminuir los atrasos en los procedimientos, igualmente esto conllevaría a una grave limitación del derecho a recurrir decisiones administrativas que son desfavorables”. En la redacción actual del proyecto no se definen los parámetros para evaluar si un recurso es temerario, de mala fe o con abuso de los procedimientos, lo que deja abierta la posibilidad de que se apliquen arbitrariamente este tipo de multas.

El especialista en Derecho Público de Nassar Abogados también comentó sobre la conveniencia de que las empresas se interesen en conocer el nuevo modelo de contratación que se propone implementar, y anticipen la pertinencia de capacitar a su personal del área de compras públicas.  De hecho, Cheng menciona que entre los avances en el procedimiento legislativo experimentados durante el 2020, el proyecto ya fue dictaminado en Comisión y actualmente se encuentra en el orden del día del Plenario Legislativo para el trámite de primer debate, lo cual es síntoma de que existe un interés político en llevar adelante el cambio, pero su avance (al menos durante los próximos meses) dependerá de la convocatoria a sesiones extraordinarias del proyecto por parte del Poder Ejecutivo.

Atrasos en tiempos de contratación representan un problema en los costos finales


Generalmente se menciona que el tiempo que tardan los procesos de contratación representan un problema en los costos finales de un contrato, especialmente en los de obra pública, teniendo en cuenta que el costo de materiales y mano de obra, entre otros, suele cambiar en el tiempo.

En los casos en que se abren procesos de contratación que tardan varios años en ser adjudicados y con resolución en firme, los oferentes presentaron precios que se ven afectados por el tipo de cambio, el precio de los combustibles, mano de obra, entre otros, y eso al final termina encareciendo el precio final de la obra que se financia con fondos públicos. 

Si se logra simplificar el procedimiento de contratación, y si la Administración Pública en general adoptara de forma integral la tramitación de compras públicas a través de un sistema unificado electrónico, se calcula que el país podría tener un ahorro importante de recursos.

En el 2020, la Contraloría General de la República emitió un estudio sobre el impacto en el uso del sistema electrónico de compras públicas (SICOP, analizando los procedimientos ejecutados en el año 2017.  Según se indicó en aquella oportunidad, se calculó el potencial de ahorro de hasta un 1,55% del Producto Interno Bruto (PIB),  lo que representado en cifras equivale a unos ¢514.000 millones.

Según datos de Radiográfica Costarricense (RACSA, administrador del sistema SICOP), actualmente hay poco más de 32000 proveedores registrados, de los cuales más de 24.000 corresponden a micros, pequeñas y medianas empresas.  De igual modo, la Caja Costarricense del Seguro Social, una de las principales instituciones públicas con mayor volumen de compras estatales, aún se encuentra en proceso de instaurar SICOP como el medio único para la tramitación de estos procedimientos.

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