Su administración concluye marcada por la polémica.

Por BBC Mundo

Este domingo, con las votaciones en segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de Guatemala, empieza la cuenta regresiva del gobierno de Jimmy Morales, quien dejará el poder el 14 de enero de 2020.

Y la evaluación del legado que deja a quien sea su sucesor, coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo, no es positiva.

Morales ganó las elecciones de 2015 tras un movimiento social sin precedentes que reclamaba cambios profundos en el país, al presentarse como un personaje al margen de la política tradicional.

Sin embargo, su administración concluye marcada por la polémica.

Y también por algunos escándalos. Uno de los más notorios, el provocado cuando se negó a renovar la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El organismo, auspiciado por Naciones Unidas, en sus 11 años de existencia cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes corruptas del país.

Y la decisión de no renovar su mandato es uno de los temas que marcaron el gobierno de Morales, insisten los especialistas consultados.

Pero no es todo. Varios familiares del presidente fueron acusados de participar en un presunto fraude con recursos públicos.

Eso hizo a muchos poner el grito en el cielo en un país en el que los niveles de marginación se mantienen sin cambios. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU) el 60% de los guatemaltecos vive en pobreza.

Y al mismo tiempo en el último año aumentó el número de ciudadanos que abandonaron el país.

Pero hay también quien cree que el legado del presidente Morales no es reconocido.

«Logró alcanzar muchos de sus objetivos que no se conocen, entre ellos bajar los crímenes«, le dice a BBC Mundo Javier Hernández Franco, jefe del bloque de diputados del Frente de Convergencia Nacional (FCN), el partido que llevó a Morales a la presidencia.

«Los índices de criminalidad son los más bajos de los últimos ocho años», insiste, aunque la tendencia a la baja se registra desde 2010.

Lo ha remarcado el propio Morales, la última vez el 19 de julio, durante la ceremonia del vigésimo segundo aniversario de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entonces, tras reconocer que «aún son altos los índices de delincuencia en Guatemala, no se puede negar», destacó la cifra de 21,8 homicidios por cada 100.000 habitantes registrada en junio —datos del reporte del Consejo Nacional de Seguridad, elaborado en base a la información de la PNC—, frente a los 23,3 registrados ese mismo mes el año anterior.

Es una reducción mayor que la que Morales se había propuesto alcanzar al inicio de su mandato, en enero de 2016, cuando prometió bajar la tasa de 29,5 a 23,3.

Otros logros de Morales, según Hernández Franco, son que «aumentó el sueldo de los policías y se reforzó el sistema educativo, ya que ahora se imparten más clases».

«También mejoró la alimentación escolar y se inauguraron varias clínicas. Pero eso no lo reconocen«, le dice a BBC Mundo.

BBC Mundo solicitó a la presidencia de Guatemala una entrevista para responder a las críticas y recoger su evaluación del gobierno de Morales.

Pero no hubo respuesta.

Cicig, el talón de Aquiles

Uno de los temas «más graves que hereda el próximo presidente» de Guatemala es la virtual expulsión de la Cicig, dice el analista Edie Cux García, de la organización Acción Ciudadana.

«Hay decisiones que realmente van a afectar al desarrollo del país, y no sólo en la lucha contra la corrupción», le explica a BBC Mundo.

«En los últimos dos años se han dado grandes retrocesos en la forma como se abordan los temas estructurales de la lucha contra la impunidad», prosigue.

Y pone como ejemplo el hecho de que en abril el Tribunal Supremo Electoral rechazara la candidatura electoral de Thelma Aldana, algo que refrendó en mayo la Corte de Constitucionalidad al desestimar el recurso presentado por la exfiscal contra la decisión.

Cuando fue la responsable del Ministerio Público, y con el apoyo de la Cicig, Aldana encabezó algunos de los casos de mayor impacto en la lucha contra la corrupción.

Uno de ellos fue la investigación conocida como la Línea y que derivó en la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos permanecen en prisión desde 2015.

Para analistas como Álvaro Montenegro impedir la participación de Aldana en la contienda presidencial es «una evidencia de lo que ha sucedido en el gobierno de Morales».

«El problema con el presidente es que en momentos muy críticos del país se dio la alianza de los exmilitares que participaron en el conflicto armado y con el sector empresarial«, le dice a BBC Mundo.

«En algunos momentos y en acciones concretas todos están unidos, como sacar de la contienda a Thelma Aldana».

El excanciller Édgar Gutiérrez coincide. «En los últimos meses hemos visto cómo se retrocede en la lucha contra la corrupción, con tribunales que liberan a personas bajo proceso penal», dice.

«No sólo se contuvo la lucha del Ministerio Público y de la Cicig, asistimos a un retroceso en la lucha contra la corrupción. Es otro legado negativo».

Sandra Torres y Alejandro Giammattei, los candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta electoral, no se refirieron abiertamente al tema de la Cicig en sus campañas políticas.

Giammattei, empero, le asegura a BBC Mundo que de ganar la presidencia no buscará un nuevo acuerdo con la ONU para que la Comisión regrese al país.

En su momento, el presidente Morales aseguró que funcionarios de la Comisión «violaron los derechos humanos de ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes en el país».

«Estas violaciones atentan contra la misma carta de las Naciones Unidas, la Constitución de Guatemala y el acuerdo de creación de la Cicig».

Según el diputado Javier Hernández, quien también es el secretario General del FCN, la polémica por la renovación del mandato de la Comisión «se manejó lo mejor que se pudo».

«Se politizó la justicia en Guatemala, fue una forma de perseguir a un grupo específico de personas de una ideología contraria a la de ellos», afirma.

«Los resultados de la Cicig son casi nulos, la mayoría de los casos se van a caer porque no tienen pruebas».

«Depósito humano»

El escándalo que salpicó más recientemente a Morales fue su decisión de firmar un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos.

Se adoptó el 26 de julio a pesar de que la Corte de Constitucionalidad había otorgado un amparo provisional que dictaminaba que el presidente no podía firmar un convenio tal sin que antes lo aprobara el Congreso.

«Hay retrocesos en Guatemala», le dice en vista de ello a BBC Mundo Edgar Gutiérrez, analista político y quien fuera ministro de Relaciones Exteriores durante la administración de Alfonso Portillo (2000-2004).

«El presidente ha estado desafiando y desacreditando a toda institución que no se alinea con sus intereses. Está diciendo, al margen de los tribunales, qué es legal y que no».

No es verdad, asegura el jefe de los diputados del FCN en el Congreso. «La Constitución dice que el encargado de la política exterior es el presidente de la República».

En este caso la Corte de Constitucionalidad «en ningún momento prohibió firmar el acuerdo, lo que dijo es que el procedimiento es que lo debe ratificar el Congreso».

El gobierno estadounidense lo califica como un acuerdo de «tercer país seguro», un mecanismo internacional mediante el cual —cumpliendo con determinadas condiciones— es posible que un país acoja a los solicitantes de asilo de otro.

Pero el ministro de Interior de Guatemala, Enrique Degenhart, quien fue el signatario junto al secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Kevin McAleenan, lo niega e insiste que sólo ampara a migrantes de Honduras y El Salvador.

El acuerdo fue rechazado por los candidatos presidenciales.

«Ese hecho demuestra la poca transparencia de este gobierno», le dice a BBC Mundo Alejandro Giammattei, postulado por el partido Vamos.

«Los candidatos no fuimos informados, mucho menos consultados. La ciudadanía no sabe cuál es la hoja de ruta, el plan de implementación del famoso acuerdo».

Es uno de los legados más complicados con los que deberá lidiar el sucesor de Morales, añade el excanciller Édgar Gutiérrez.

«No tenemos idea de cuántos refugiados se van a enviar al país, pero Guatemala no tiene capacidad institucional para recibirlos», advierte.

Según el analista no está claro cuáles son los beneficios para la nación centroamericana aunque el diputado Hernández Franco asegura que con el convenio se asignaron a Guatemala más de 30.000 visas de trabajo en Estados Unidos.

«Es algo que a los guatemaltecos nunca les habían dado», insiste, aunque el excanciller Gutiérrez recuerda que al final esa decisión depende fundamentalmente «de la necesidad de mano de obra de las empresas agrícolas estadounidenses».

Además, según los especialistas y el candidato presidencial, existen partes del acuerdo de las que no se ha informado. El diputado Hernández asegura que esos anexos siguen en negociación con Estados Unidos.

Más allá del debate hasta ahora no se sabe el impacto que puede tener la decisión, advierte Edie Cux, de la organización Acción Ciudadana.

«Tenemos un problema serio al hacer de Guatemala un depósito humano», insiste Édgar Gutiérrez.

«Va a tener gravísimas consecuencias y no sabemos a qué más cosas se comprometieron».

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