Más de 68.000 turistas han cancelado sus visitas al país hasta enero próximo.
Por EFE.
Las pérdidas del sector del turismo de Panamá ascienden a US$200 millones por los bloqueos a carreteras en rechazo a la renovación de la concesión de explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, informó este jueves la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel).
Más de 68.000 turistas han cancelado sus visitas al país hasta enero próximo, incluidos aquellos que vendrían a congresos y convenciones, dijo Apatel, que cifró en US$13 millones las pérdidas solo para el sector hotelero.
Las protestas, las mayores en décadas en Panamá y que se registran de manera ininterrumpida desde el pasado 23 de octubre, tienen lugar cuando el país se abocaba a celebrar este noviembre sus fiestas patrias, una de las épocas de mayor turismo interno.
Las reservas para estas fechas han sido canceladas en las principales provincias turísticas: en 90 % en Chiriquí, en un 60 % en Bocas del Toro, y en 100 % en el Valle de Antón, una localidad de montaña cercana a la Ciudad de Panamá, dijo el gremio hotelero.
En la capital, la ocupación hotelera «ha caído un 25 % en algunos hoteles, con cancelaciones que van hasta enero de 2024, es decir, hasta bien entrada la que debería ser la temporada alta de Panamá», dijo la Apatel.
«Esta paralización preocupa al sector turístico, principalmente por el anuncio de un número creciente de hoteles que se están viendo forzados a suspender sus operaciones, con efectos directos en proveedores y colaboradores», añadió.
Las pérdidas a la economía panameña están calculadas entre US$70 y US$90 millones diarios por los bloqueos a las carreteras, que han interrumpido el transporte de carga en el país, donde ya se siente la escasez de alimentos y combustible, así como con Centroamérica.
Apatel defendió el derecho a la protesta pacífica, deploró el exceso de fuerza policial contra los manifestantes, y pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie cuanto antes sobre la inconstitucionalidad o no de la concesión minera, la salida más plausible a esta crisis como coinciden diversos gremios y abogados.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) está a punto de aprobar una ley para derogar el contrato ley entre el Estado y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Mineral, que extendió por 20 años prorrogables la explotación de la mina Cobre Panamá, aprobado en un cuestionado proceso exprés por el Ejecutivo y el Parlamento el pasado 20 de octubre.
Grupos ambientalistas que luchan contra esta concesión desde hace años alertan que la derogatoria deja prácticamente indefenso al Estado frente a reclamaciones de la empresa dado los términos leoninos del contrato ley, y recomienda que sea la Corte Suprema la que decida sobre el futuro del mismo mediante su fallo sobre los varios recursos de inconstitucionalidad ya interpuestos.
Los activistas aseguran que el nuevo contrato ley adolece de los mismos vicios que llevaron a que el anterior fuera declarado inconstitucional por el Supremo en el 2017.