El 2019 fue un escenario de manifestaciones sociales con efecto dominó a lo largo de la región.

POR Carolina Barrantes @Caro_Summa

A menos de que se apliquen medidas estructurales para paliar los problemas fiscales, aumentar la productividad y promover el empleo y la inversión pública, a fin de disminuir la desigualdad, América Latina seguirá inmersa en un ambiente de incertidumbre y alta sensibilidad social. El combate a la corrupción es otro aspecto clave.

El 2019 ha sido un año muy convulso para la región, la cual se ha visto azotada por manifestaciones sociales de diferente intensidad y duración, consecuencia de problemas autóctonos y otros que tienen en común buena parte de las naciones del continente. Por ejemplo, Honduras está a una distancia de más de 6.000 kilómetros de Argentina y en ambos territorios la población protesta por lo mismo: descontento hacia acciones tomadas por sus gobiernos y problemas económicos internos. El panorama es muy complejo y parece que las soluciones se verán a largo plazo. “Latinoamérica está enfrentando una década perdida en materia de crecimiento económico, que en promedio va a ser inferior al 1%. Eso acrecienta el malestar de la población. Cuando hay buenos tiempos y las economías están en auge, factores como la corrupción, la desigualdad y la ineficiencia estatal tienden a ser obviados, pero cuando el crecimiento es magro, esas fuentes de descontento se potencian”, explica Juan Carlos Hidalgo, analista internacional.

“La región desaprovechó la época de la bonanza, que fue de los años 2000 a mediados del 2010, para realizar reformas estructurales que fomentaran la competitividad y aumentaran la productividad de las economías. Como consecuencia, ahora enfrentamos una desaceleración im- portante que no se ve que vaya a ser revertida en el futuro cercano y, por ende, las fuentes de malestar social seguirán presentes” añade el consultor.

¿Cuáles son algunos de los detonantes?

El modelo económico vigente en la región ha sido efectivo en la creación de riqueza y ha tenido resultados positivos en la disminución de la pobreza, pero ha profundizado la desigualdad, tanto en cuanto al ingreso como en la capacidad y oportunidades de influencia de las personas en la toma de decisiones. “Pocas personas que acaparan un porcentaje importante de la riqueza tienen una posibilidad desmedida de su injerencia en los asuntos públicos, frente a grandes mayorías que no son escuchadas. Eso se convierte en una distorsión del sistema democrático que afecta la representatividad, la participación y la gobernabilidad”, comenta José Vicente Troya, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Según él, hay evidencia de un agotamiento social en la región y cierta fatiga de la democracia: “Independientemente del signo ideológico de la propuesta política, parece que en muchos casos el nivel de desempeño de los gobiernos no ha respondido a las expectativas de las personas, en ocasiones con violación a derechos humanos”.

Otro factor que pesa es la dependencia en las materias primas que tienen las economías (en especial las de algunos países sudamericanos), cuyos precios no se ve que vayan a experimentar un aumento en el corto plazo, como sí lo hubo a principios de 2003 y 2004. Por lo tanto, de acuerdo al especialista, la mira debe estar en aumentar la productividad haciendo reformas en el mercado laboral, flexibilizando las relaciones laborales, introduciendo más competencia y liberalizando los factores de producción, entre otras medidas.

Las situaciones fiscales delicadas también han abonado leña al fuego. En Ecuador ese fue el tema que desató las masivas protestas contra el gobierno de Lenín Moreno, ante el anuncio de medidas de austeridad que incluían la eliminación de un subsidio a los combustibles que era fiscalmente insostenible. En el caso de Argentina, la insostenibilidad fiscal ha llevado a que haya fuertes cargas tributarias que afectan el crecimiento económico y, por tanto, los expertos consideran que poner orden en las finanzas públicas es un requisito indispensable para potenciar el crecimiento. Brasil es el único país donde se pueden identificar acciones para tratar de paliar el problema, como la reforma de pensiones que se aprobó hace unos meses.

El tópico de los gastos estatales excesivos es otro ladrillo en la pared y Costa Rica es ejemplo de ello. “El gobierno está implementando reformas de contención del gasto, pero con medidas que van mantener el déficit fiscal en niveles elevados y el crecimiento de la deuda, en el corto plazo. Mientras eso sea así es difícil pensar en reactivación económica significativa. Se necesita reducir impuestos y cargas sociales para potenciar la generación de empleo y la actividad productiva y eso no está en el horizonte, por lo menos dentro de la agenda que el gobierno ha presentado para este nuevo periodo”, ahonda Hidalgo.

La región también sufre por la desigualdad social y la falta de inversión en este campo, de acuerdo con Stefan Krause, decano de Ciencias Empresariales de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. “Según informes recientes del Banco Mundial, cuatro países de América Central –Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua– continúan reportando altas tasas de desigualdad en el ingreso. Eso es una gran amenaza para el crecimiento sostenible a largo plazo, pues se genera un ambiente de animosidad social que podría tener efectos negativos sobre la inversión externa y el desarrollo de nuevos proyectos”, detalla el académico.

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