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El Salvador reporta más de 49.000 capturas durante el estado de excepción

Ago 9, 2022 | Noticias de Hoy

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A comienzos de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones».

Por EFE

Más de 49.000 supuestos miembros de pandillas han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses de régimen de excepción, medida implementada en El Salvador desde finales de marzo para combatir a las pandillas, de acuerdo con el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

«Dentro de los resultados, y a más de 4 meses del régimen de excepción, ya tenemos más de 49.000 terroristas-pandilleros que han sido capturados», dijo este lunes Villatoro en una rueda de prensa.

El funcionario catalogó a todas las personas capturadas como miembros de pandillas y no brindó el detalles de cuántas de las capturas corresponden a personas vinculadas a dicha estructuras.

La cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.

Villatoro agregó, sin especificar, que mandarán a la Asamblea Legislativa «otro pliego de reformas» para que «este país sea seguro en las comunidades, en los sitios turísticos y culturales, pero también seguro en las carreteras».

El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.

Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.

A comienzos de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».

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