Las entidades estatales han puesto información bajo secreto, aún cuando la legislación indica que los datos estadísticos deben ser públicos. También han alegado inexistencia.
Por EFE
Más de 100 días después de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción, con el que el Gobierno engarza la llamada «guerra contra las pandillas», las autoridades reportan miles de detenciones, pero han cerrado el flujo de información oficial que permitiría conocer la cantidad de arrestos arbitrarios o las muertes bajo custodia estatal.
Entre finales de marzo, cuando el Congreso aprobó la medida que suspende varios derechos constitucionales, y el 10 de julio, las autoridades de seguridad reportan en las redes sociales 45.376 detenciones.
La cifra no ha sido actualizada al día de hoy y tampoco se conocen varios detalles sobre las mismas, como la cantidad de personas que han sido liberadas por error en su arresto.
Las pandillas, señaladas de perpetrar la mayoría de asesinatos en El Salvador y que han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones, poseen unos 70.000 miembros en El Salvador.
Hasta antes de una escalada de asesinatos y aprobación del régimen, las maras tenían a unos 16.000 de sus miembros encarcelados, según dijo el presidente Nayib Bukele en su momento.
SIN DATOS OFICIALES
Efe solicitó información y detalles sobre las capturas durante el régimen de excepción a través de un enlace de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia, sin que los mismos se hayan proporcionado.
Esta no es la primera vez que no se entrega información estadística relacionada con la medida solicitada por Efe, al igual que a medios locales, como han señalado en reportes.
Los ministerios de Salud y Seguridad, el Instituto de Medicina Legal (forense) y la Fiscalía General de la República (FGR) tampoco han proporcionado información o estadísticas ante solicitudes hechas por Efe mediante el mecanismo habilitado por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Las entidades estatales han puesto información bajo secreto, aún cuando la legislación indica que los datos estadísticos deben ser públicos. También han alegado inexistencia.
Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de la organización humanitaria Cristosal, dijo en una conversación con Efe que el Gobierno del presidente Bukele «no ha sido transparente en cuanto a los datos» y «no permite el acceso a la información directamente que permita corroborar los datos».
«Parece bastante difícil que se logre acumular ese número de detenidos sin generar una mayor crisis (…) tenemos dudas de esos datos, pero no se pueden corroborar si es cierto o no, es un número bastante grande», señaló el abogado.
LAS DETENCIONES
Otra información que también se desconoce es sobre las detenciones arbitrarias que se han dado durante dicho régimen.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
«Nos parece que hay un amplio nivel de arbitrariedad a la hora de identificar y detener a las personas», comentó Ábrego.
Señaló que las personas inocentes y detenidas arbitrariamente «pueden estar hasta un año detenidos sin poder alegar su inocencia».
Otro dato que se desconoce oficialmente es el impacto que estas más de 45.000 detenciones han tenido en el sistema carcelario salvadoreño.
De acuerdo con el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en diciembre de 2020 el sistema penitenciario tenía una capacidad instalada de 30.864 cupos y a marzo de 2021 se tenía conocimiento que había una población penitenciaria de 36.663 privados de libertad, una sobrepoblación en ese momento de un 119 %.
LAS MUERTES BAJO CUSTODIA ESTATAL
Las autoridades tampoco han confirmado o desmentido las supuestas muertes de presos bajo custodia estatal, y que según organizaciones no gubernamentales y la prensa local, suman más de 50.
El último caso destacado por los medios salvadoreños es el de Adrián Efraín Solórzano Hernández, de 30 años, quien murió estrangulado en un penal ubicado en el departamento de San Salvador, según una publicación del Diario de Hoy.
Según el medio, en el acta de defunción que Medicina Legal entregó a la familia de la víctima se indica que la causa de la muerte fue por «asfixia mecánica por estrangulación».
La publicación indica que, de acuerdo con la familia, Adrián fue asfixiado por custodios del penal la Esperanza, donde se encontraba preso desde el 20 de abril.
Solorzano Hernández, quien fue sepultado la semana pasada en el oriente de El Salvador, no era pandillero ni tenía vínculos con estas bandas, según dijeron a periodistas parientes de la víctima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió recientemente al Gobierno de Bukele que mejore las condiciones «deplorables» en las que están los miles de detenidos.
ACUDIR A LA CIDH
Ábrego dijo a Efe que también «se está valorando con varias organizaciones» presentar ante la CIDH denuncias de casos de violaciones a derechos humanos.
Señaló que Cristosal ha acompañado la presentación ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 12 habeas corpus, en los que se pide la libertad de detenidos bajo el régimen de excepción y de los que no se ha emitido resolución.
«La eficacia por parte de la Sala de lo Constitucional es mínima. No se ha resuelto ninguno de los casos presentados, a pesar de que algunos de ellos ya llevan dos meses», reiteró.
La organización Tutela Legal «María Julia Hernández» también ha acompañado la presentación de 61 habeas corpus.