El Gobierno atribuye la baja en la cifra oficial de los homicidios a la implementación del régimen de excepción y el plan de seguridad “Control Territorial”.
Por CNN Español
En marzo se cumplirá un año de la entrada en vigor del régimen de excepción en El Salvador, una medida que a la fecha ha dejado más de 60.000 personas detenidas, según las autoridades. La mayor parte permanece en detención provisional por orden de un juez y a la espera de un juicio en el que se determinará su culpabilidad o inocencia.
Entre esos miles de detenidos están dos de los cinco hijos de Rafael Ruiz y Norma Díaz.
Irvin Antonio Ruiz, de 31 años, fue el primero en ser arrestado por la Policía, dicen sus padres a CNN. Agregan que esto ocurrió el 25 de abril, cuando regresaba a casa en motocicleta. Las autoridades lo acusan de tener vínculos con pandillas.
Y el primero de diciembre fue detenido su hermano por la misma acusación.
Ambos permanecen en prisión preventiva por orden de un juez. Sus padres rechazan las acusaciones.
“Prácticamente me están quitando la vida porque mis hijos no son delincuentes. Mis hijos son buenas personas, trabajadores”, asegura Díaz.
Ruiz considera que no en todos los casos hay una buena investigación.
“Lo que hacen es decretarles detención provisional, y porque las hacen en grupo. A este, mi hijo que lo detuvieron el primero, se la hicieron parece que con 40 sujetos más, que a saber quiénes son”, dice.
El gobierno deja en manos de los jueces la decisión de mantener a las personas en detención, tras evaluar las razones de la captura. Además, rechaza las críticas de organizaciones locales y también internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que señalan que esta política ha causado violaciones a derechos humanos. Estas organizaciones no gubernamentales dicen que varios estudios realizados indican que la Policía lleva a cabo detenciones masivas basadas en acusaciones anónimas que no se verifican, o bien por tener tatuajes o antecedentes penales, entre otras razones.
Baja en la cifra oficial de homicidios
El Gobierno atribuye la baja en la cifra oficial de los homicidios a la implementación del régimen de excepción y el plan de seguridad “Control Territorial”.
En los primeros 18 días de diciembre, según cifras del gabinete de seguridad, se han registrado 14 días sin homicidios. Las autoridades proyectan cerrar 2022 con ocho homicidios por cada 100.000 habitantes.
“El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de América Latina. Es increíble pensar que, hasta hace unos años, éramos el país más peligroso del mundo”, afirmó el presidente Nayib Bukele.
La baja de los homicidios en 2022 es notable si se compara con los 105 muertos por cada 100.000 habitantes que se registraron en 2015, según datos del Banco Mundial.
“Un buen gobierno da resultados. Un mal gobierno da excusas”, agregó el mandatario.
Desconfianza en las cifras
La reducción de homicidios que el gobierno resalta no convence a todos los sectores en El Salvador. Algunos dudan, debido a que no tienen acceso al detalle de las cifras oficiales porque las autoridades los han declarado bajo reserva.
“No hay manera de verificar si esto es cierto o no. Estamos operando sobre cifras publicitariamente manejadas por el aparato propagandístico gubernamental. Si es cierto lo que están afirmando, ¿por qué no abren las fuentes oficiales?”, dice a CNN Celia Medrano, activista por los derechos humanos.
El gobierno, por su parte, ya ha respondido a este tipo de críticas.
“¿Cómo va a hacer el gobierno para esconder los cadáveres en la calle, por ejemplo? ¿O cómo va a hacer el gobierno para que le dejen de cobrar extorsión, o que ustedes en sus comunidades ya no ven pandilleros? ¿Cómo podría ser eso maquillaje de cifras?”, aseguró Bukele el 9 de noviembre.
Las medidas implementadas cuentan con un amplio apoyo popular, según sondeos de encuestadoras locales. El Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana publicó en octubre un sondeo nacional que señaló que el 75,9% de los consultados aprobaba el régimen de excepción, con una “calificación ciudadana” promedio de 7,24.
La encuesta se realizó entre el 9 y el 27 de septiembre y se realizó a través de entrevistas a 1.269 personas, con un margen de error de +- 2,75 y un nivel de confianza del 95%.