El país cerró el 2021 con la deuda pública más alta de América Central, por segundo año consecutivo, un panorama complicado para una economía que intenta recuperarse de los efectos de la pandemia.

POR Jenny Lozano

Lo que debe El Salvador a otros países y a acreedores extranjeros alcanzó el monto histórico de US$24,388 millones, equivalente a más del 87% del Producto Interno Bruto, según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Es una carta desfavorable para acudir a nuevas fuentes de financiamiento externo y un gran freno para la inversión pública ya que los compromisos dejan al gobierno con las manos atadas para cumplir y montos mínimos para la ejecución de proyectos claves de desarrollo.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) son mucho más alarmantes: el saldo podría llegar al 95% en el año 2026, “debido a la ausencia de medidas decisivas de política económica para corregir desequilibrios fiscales y aliviar estas limitantes de crecimiento”.

La raíz del problema

Ante la poca disponibilidad de recursos propios, El Salvador tuvo que recurrir al endeudamiento para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia. Solo en 2020, la Asamblea Legislativa aprobó préstamos por US$3.000 millones, acciones que se acompañaron con la colocación de bonos y letras del tesoro como mecanismos de fondeo. Todo ello en medio de una caída del 6,1% de los ingresos corrientes y de 4,1% menos de ingresos tributarios, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El Ministerio de Hacienda, por su parte, estimó que ese año se dejaron de percibir US$718,8 millones de ingresos corrientes, es decir, un 12,9% menos que la meta presupuestada inicialmente, y la carga tributaria representó un 18,5% del PIB vs. 17,7% en 2019.

Aunque los ingresos tributarios reportaron crecimiento durante 2021, debido a la reactivación económica y los esfuerzos del gobierno por reducir la evasión fiscal, aún la deuda es enorme en proporción al PIB nacional y el país requiere de una reactivación con todo el empuje para que los ingresos por la actividad productiva genere los ingresos suficientes para enfrentar la larga lista de acreedores y cuentas por pagar.

6 recomendaciones para sanear las finanzas públicas

  • Aumento de impuestos sobre bienes y servicios. Focalización de subsidios. Revisión de salarios públicos.
  • Identificar espacios fiscales nuevos para el financiamiento de la deuda y disminución de gastos improductivos que no le causan bienestar directo a la población.
  • Renegociar con los organismos internacionales para abaratar la deuda y ampliar los plazos.
  • A largo plazo, incrementar la actividad económica, dando el salto hacia un plan de reestructuración productiva del país.

Señales de alarma

  • Riesgo de impago incremental, en la medida que el saldo de la deuda ocupe una porción mayor de la actividad económica y especialmente del presupuesto porque el país requiere de más recursos para amortizar y pagar intereses.
  • Los financistas exigirán una tasa más alta de interés debido al riesgo de impago, lo que a su vez podría afectar las calificaciones de riesgo país.
  • Menos recursos para la inversión pública. Disminución de inversión privada.

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