El reporte elaborado por CAF —banco de desarrollo de América Latina— destaca la importancia de establecer una agenda de integridad que contemple acciones en cuatros ámbitos.

Por Revista Summa

La percepción de la incidencia de corrupción en América Latina y el Caribe es ligeramente mayor que en el resto del mundo, y mucho mayor que en regiones más desarrolladas, así lo refleja el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de CAF, titulado Integridad en las políticas públicas:

Claves para prevenir la corrupción, presentado en la ciudad de Panamá. Estas percepciones se han visto en parte alimentadas por varios casos resonantes que se han salido a la luz pública en la región en los últimos años. Ante este escenario, los países han venido haciendo reformas. Lucía Meza representante encargada de CAF en Panamá indicó: “hemos identificado que en la región se han iniciado reformas para mitigar la corrupción y aplaudimos esta acción porque los gobiernos deben ser consistentes y aumentar los esfuerzos en esta materia por el bienestar social de nuestros países, por eso con este reporte CAF busca aportar a la agenda de reformas en marcha para promover la integridad en las políticas públicas en Panamá y la región, a través de la implementación de instrumentos legales para la sanción judicial de la corrupción, como inversiones para mejorar las capacidades y la transparencia en la función pública”.

Por su parte, Elsa Fernández, Directora general de ANTAI explicó que desde la institución harán cumplir la misión de garantizar la rendición de cuentas, implementando controles de prevención a la corrupción a través de los principios de gobierno abierto en donde se plantean una estrategia 2020 amparados con los beneficios que brinda la tecnología para garantizar el acceso a la información pública y la captación de denuncias, protegiendo y empoderando en todo momento al que se atreva a denunciar delitos administrativos. «El reporte concuerda con la visión de trabajo que tenemos», dice Fernández.

El reporte encuentra que el 51% de los latinoamericanos consideran que la corrupción es el principal problema de sus países, incluso por encima de las condiciones económicas, el acceso a la vivienda y a servicios o la inseguridad, y que el 23% de los ciudadanos reporta que un funcionario le solicitó una coima en los últimos 12 meses.

“Hay varios canales concretos a través de los cuales la corrupción causa pérdidas de bienestar por ejemplo, el desvío de recursos disminuye la cantidad y calidad de bienes y servicios públicos, incluyendo educación, salud e infraestructura, entre otros. Esto puede profundizar las desigualdades socioeconómicas. También se dan efectos negativos sobre la productividad y el crecimiento económico, porque se distorsionan tanto las decisiones al interior de las empresas como la asignación de recursos entre empresas, adicionalmente el clientelismo y la falta de integridad en los negocios provocan caídas en el nivel agregado de inversión”, explicó Gustavo Fajardo, Economista Principal de CAF.

El investigador también aseveró que la consecuencia más nociva es la pérdida de confianza en las instituciones públicas y el sistema democrático, situación que abre las puertas al deterioro de la legitimidad de las instituciones de gobierno y trae consigo la inestabilidad política y social.

Por consiguiente es esencial invertir en políticas de transparencia, explotando las posibilidades con las nuevas tecnologías que dan acceso a información relevante para el combate a la corrupción, las cuales permiten un mayor escrutinio ciudadano de la acción estatal.

El rol de la ciudadanía

Datos de la Encuesta CAF2019 muestran que, en promedio entre las ciudades latinoamericanas encuestadas, el 57% de los individuos creen que sus conciudadanos castigan la corrupción menos de lo necesario, inclusive sugiere que aproximadamente una tercera parte de los individuos no reconoce como actos de corrupción hechos hipotéticos que describen situaciones de tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública.

Existen factores que aumentan la permisividad de las personas hacia la corrupción, como la percepción de que el funcionario es competente (roba pero hace), la afinidad política o ideológica, las relaciones clientelares, o la prevalencia de normas sociales que desalientan la denuncia. Cabe destacar que hay evidencia de que el contenido de los currículos educativos afecta de manera duradera los valores cívicos de las personas, de modo que los sistemas de educación pueden ser un importante canal de transmisión de actitudes hacia la corrupción. Es clave aumentar las inversiones sostenidas a través del sistema educativo tradicional y otros espacios de aprendizaje, la transmisión de valores para concientizar a los ciudadanos.

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