En Panamá, Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares.
Por EFE
El Estado de Panamá, a través del Ministerio de Seguridad, va a presentar una querella «contra quien o quienes resultaran responsables» por el caso Odebrecht, según informó este domingo la cartera de seguridad panameña.
«En cumplimiento de lo establecido (…) por la cual se autorizó al ministro de Seguridad Pública (Juan Manuel Pino) presentar querella, en representación del Estado contra quien o quienes resultaran responsables de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público relacionadas con los supuestos actos de corrupción y delitos contra la Administración Pública y el Orden Económico por hechos vinculados a la empresa Constructora Odebrecht, S.A.», dice un comunicado del Ministerio de Seguridad.
El juicio por los sobornos de Odebrecht está previsto que comience el 27 de septiembre con 36 imputados, entre ellos los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Por este caso, dos hijos del exmandatario Martinelli ya fueron sentenciados por un tribunal de Estados Unidos.
La misiva agrega que «el ministerio de Seguridad Pública otorgó Poder Especial al Doctor Carlos Enrique Muñoz Pope para representar al Estado panameño en este proceso»
Y que «atendiendo a la magnitud del perjuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, se pretende establecer un precedente histórico y resarcir el daño moral, material, reputacional del Estado panameño como principal afectado, siendo la interposición de acciones civiles derivadas del delito, el mecanismo idóneo para tal propósito».
Así, añade el comunicado, «se ha iniciado la presentación de las correspondientes acciones restaurativas en representación del Gobierno Nacional, de manera que, como parte de la responsabilidad civil que deviene de la causa penal iniciada, se procederá contra todos aquellos que resultaron imputados por su participación en estos hechos, en aras de velar por el reconocimiento y salvaguarda de los mejores intereses del Estado».
Aunque el comunicado no da nombres, el diario La Prensa publicó este domingo que el Estado panameño ha demandando civilmente a los expresidentes Martinelli (candidato presidencial para los comicios de 2024) y Varela por presuntos daños materiales y morales en el marco del Caso Odebrecht.
Según la nota del rotativo, la demanda contra Martinelli es por valor de «159 millones» de dólares mientras que la denuncia para el exmandatario Varela es equivalente a «30 millones» y cita que «una tercera demanda fue presentada contra Credicorp Bank, al que se le exige una indemnización de 600 millones (de dólares), por su presunta participación en la trama de Odebrecht».
EFE intentó contactar con fuentes oficiales para confirmar esa información, sin éxito hasta el momento.
REACCIONES DE LOS EXPRESIDENTES
Martinelli reaccionó publicando un video en sus redes sociales alegando que «hace unos meses atrás el Consejo de Gabinete autorizó al ministro Pino para que pusiese denuncias y demandas contra quienes fuese responsable, entre ellos estaba mi persona».
El expresidente Varela señaló por su parte que «la acción civil sin fundamento, presentada en el proceso legal que enfrentamos en relación a nuestras campañas políticas deja en claro que es una manifestación de la línea política del órgano ejecutivo».
«Este acto se produce en medio de un acalorado debate político y surge como una medida aparente del gobierno nacional para enfocar sus frustraciones políticas a través del sistema de justicia», agrega el comunicado del exmandatario, que destaca que su «lucha se centra en la certeza de nuestra inocencia».
El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos.
En Panamá, Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora en el país centroamericano.