Gobierno estadounidense sigue «muy preocupado por la injusticia y la falta de transparencia en los juicios a los prisioneros políticos» en Nicaragua.
Por EFE
El Gobierno de Estados Unidos incluyó este miércoles a nueve altos cargos nicaragüenses en la lista por la que prohíbe la entrada a su territorio de personas que considera corruptas o antidemocráticas.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, precisó que se trata de nueve personas involucradas en la detención de los oponentes del presidente, Daniel Ortega, durante la campaña de las elecciones de noviembre pasado, en las que fue reelegido el mandatario.
Entre los añadidos a la lista de corrupción del Departamento de Estados están Brenda Isabel Rocha, presidenta del Consejo Electoral Supremo (CSE); Cairo Melvin Amador, vicepresidente del CSE; y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, miembro del CSE y expresidente de ese órgano.
También están Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del Frente Nacional Sandinista, a quien EE.UU. acusa de favorecer a los leales a Ortega para tener puestos en el CSE y asegurarse de excluir a los candidatos de la oposición en los procesos electorales.
La jueza del noveno distrito de Managua, Karen Vanessa Chavarria Morales, está también en esta lista por presuntamente «abusar de su autoridad y subvertir el proceso legal para actuar contra los oponentes de Ortega y sacarlos del proceso electoral de noviembre», dijo EE.UU..
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras, y los legisladores Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado y Carlos Wilfredo Navarro han sido otros de los incluidos en listado estadounidense por dar al Gobierno de Ortega «las herramientas» para llevar a cabo su «asalto a la democracia».
Igualmente engloba a María Haydee Osuna Ruiz, diputada de la Asamblea, por «conspirar» con el Ejecutivo firmando una «falsa» queja que sirvió de pretexto al Gobierno para acabar con la última oposición legítima.
Price recalcó que el Gobierno estadounidense sigue «muy preocupado por la injusticia y la falta de transparencia en los juicios a los prisioneros políticos» en Nicaragua.
También subrayó el compromiso de EE.UU. en «ayudar» al pueblo nicaragüense en su lucha por la democracia y el Estado de derecho.