Por CNN en español
Estados Unidos extendió hasta mediados de 2024 un programa de estatus protegido que evita que los migrantes sean deportados para ciudadanos de seis países, incluidos Haití y tres naciones centroamericanas, dijo el jueves su servicio de inmigración.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) se extenderá hasta el 30 de junio de 2024 para ciudadanos de Haití, El Salvador, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal, según un documento presentado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU.
La acción significa que su estado ya no expirará al final del año.
El TPS proporciona a los beneficiarios permisos de trabajo y puede protegerlos de la deportación si sus países de origen pasan por eventos extraordinarios como desastres naturales o conflictos armados.
La prórroga afectará a unas 392.000 personas, de las cuales unas 242.000 son ciudadanos de El Salvador, según datos de USCIS.
«Gracias a Dios», dijo la embajadora salvadoreña en Estados Unidos, Milena Mayorga, tuiteando un enlace al documento.
La prórroga da a los hondureños del programa “tranquilidad por otros 18 meses”, dijo en conferencia de prensa el canciller hondureño, Eduardo Reina.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la prórroga «para garantizar su cumplimiento continuo» con las órdenes derivadas de dos casos judiciales en curso, dice el documento, que se envió al registro federal y se publicará oficialmente el 16 de noviembre.
La administración del presidente Joe Biden se retiró en octubre de las conversaciones de conciliación que podrían haber brindado más protección a los afiliados al TPS de esos países y ponerlos en riesgo de perder su estatus, según los demandantes en uno de los casos.
El DHS dijo en un comunicado que la decisión del jueves fue «consistente con la práctica del DHS durante los últimos cuatro años».
La extensión «es un gran alivio» para los inscritos en el programa, dijo el senador estadounidense Alex Padilla, un demócrata que preside una subcomisión judicial sobre inmigración.
Padilla calificó la medida como «un paso en la dirección correcta», pero dijo que se necesitaban protecciones más permanentes.