Esta marcha ha sido denominada «El Gran Grito por Nicaragua».
Por EFE
Nicaragüenses en distintos países de América y Europa han convocado a movilizaciones en contra de los comicios generales que se celebrarán el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega busca su reelección.
Convocados por distintas organizaciones, los integrantes de la diáspora nicaragüense abrirán la jornada de protestas el 6 de noviembre en Roma y continuarán el día de la votación con actividades en Madrid y Bilbao, en España; Lund, en Suecia; y en Ottawa, San José de Costa Rica y Ciudad de Panamá.
En Estados Unidos, las manifestaciones tendrán lugar el 7 de noviembre en Miami, Boston, Nueva York, Houston, Los Ángeles y Washington, según las convocatorias difundidas en distintas redes sociales.
En el caso de la marcha en Washington, organizada por la Alianza Democrática Nicaragüense (ADN) y Nicaragua Freedom Coalition (NFC), partirá desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta la embajada de Nicaragua en la capital estadounidense, dijo a Efe Roy Molina, uno de los organizadores.
Esta marcha ha sido denominada «El Gran Grito por Nicaragua».
Molina, de ADN, aseguró que los comicios de su país «no son elecciones», ya que el Gobierno de Ortega tiene detenidos a siete precandidatos de la oposición.
El activista denunció que en ese proceso sólo participarán lo que denominó «partidos zancudos», que consideró que acuden a las urnas en busca de diputaciones.
«Es una farsa completa», se quejó Molina, quien reclamó «elecciones libres, justas y transparentes» y la liberación de los detenidos.
Desde mayo pasado, cuando se publicó el calendario electoral, más de 30 personas, entre las que se cuentan activistas, funcionarios de Gobiernos anteriores, exguerrilleros sandinistas y líderes de la oposición, han sido detenidas en Nicaragua bajo distintos cargos. Siete aspiraban a la Presidencia.
Además, el Consejo Supremo Electoral, controlado por partidarios de Ortega, ha cancelado la personalidad jurídica de tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, que estableció un mayor control en la estructura de los comicios a favor de los sandinistas.