En 2021 se «constató un claro patrón de opacidad y de reducción de los niveles de acceso a la información pública.
Por Revista Summa
El deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador en 2021 —especialmente, luego del 1 de mayo de ese año cuando fueron destituidos cinco magistrados constitucionales y el fiscal general— ha afectado los derechos humanos de la población, según revela un informe presentado este miércoles.
El informe denominado «El estado de los Derechos Humanos en El Salvador en 2021», elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (Oudh) de la Universidad Centroamericana (UCA), señala que el año pasado «se vio fuertemente marcado por el deterioro democrático a causa del rompimiento del orden constitucional» con las destituciones.
La Asamblea Legislativa para el periodo 2021-2024 y de amplia mayoría gubernamental votó, como una primera acción, la destitución de los magistrados constitucionales y el fiscal general, con los que el presidente del país, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
«Hay una primicia aceptada universalmente que es que la democracia es interdependiente con los derechos humanos. Son dos caras de la misma moneda, y si un régimen dice ser democrático debe respetar los derechos humanos», señaló durante la presentación del documento Omar Serrano, Vicerrector de Proyección Social de la UCA.
Serrano indicó que «lo que el informe revela es que el deterioro de la democracia en El Salvador ha incidido en el deterioro del respeto de los derechos humanos» y, desde ese punto de vista, el desmontaje de la división de poderes y de la institucionalidad incide negativamente».
«En el fondo, lo que está en peligro en El Salvador es el derecho a defender derechos, es decir, lo que está en juego es la posibilidad de que en este país ni siquiera se puedan defender los derechos humanos», aseguró.
Señaló que también «sale a la luz un nuevo escenario institucional que se caracteriza por la cooptación del Estado por parte del Órgano Ejecutivo y por una mayor concentración del poder en el presidente».
AUMENTO DE TRANSGRESIONES A DD.HH.
De acuerdo con el informe, en 2021 se refleja un aumento en los casos de desaparecidos, feminicidios, violencia contra la mujer, violencia sexual y la limitación ilegal a la libertad de circulación, lo que vulnera los derechos a la vida, la integridad personal y a la libertad personal.
Serrano apuntó que, aunque existe una reducción en el número de homicidios entre 2020 y 2021, «es preocupante el aumento de las desapariciones de personas y el abordaje que las instituciones están haciendo sobre el tema».
Asimismo, señaló que la tasa de homicidios continúa siendo elevada, ya que 2021 cerró con una tasa de 17,7 mujeres por cada 100.000 habitantes, lo que «está en niveles considerados epidémicos».
El vicerrector de Proyección Social indicó que los jóvenes entre los 18 y los 30 años son los «mayormente» afectados por la violencia y apuntó que las mujeres entre 18 y 30 años «son particularmente vulnerables en casos de violencia feminicida», ya que representan el 44 % del total de las víctimas.
Agregó que la niñez y la adolescencia «padecen de forma especial vulneraciones a sus derechos a través de la violencia sexual e intrafamiliar».
Además, en 2021 se «constató un claro patrón de opacidad y de reducción de los niveles de acceso a la información pública, especialmente en temáticas críticas y susceptibles sobre violaciones a derechos humanos», de acuerdo con el documento.