La presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien asumió el poder el 27 de enero, dijo que con lo aprobado por el Parlamento se buscan mecanismos para que haya «la transparencia y la justicia que tanto se necesita en el país».
Por EFE
La aprobación de un decreto por parte del Parlamento de Honduras para que un ente del Ministerio Público investigue casos de corrupción de alto impacto ha sido cuestionada por esa misma institución y sectores de la oposición, que consideran que se necesitaba una mayoría calificada en el legislativo.
«Apoyamos la lucha contra la corrupción, y afirmamos, que para fortalecer el Estado de Derecho, con un Fiscal del mismo rango que el Fiscal General de la República, se requiere de una reforma Constitucional», señaló el Ministerio Público en un mensaje en la red social Twitter.
Añadió que «no hacerlo, sentaría un precedente que podría fragmentar toda nuestra institucionalidad, al no respetarse los procesos de selección de autoridades de rango Constitucional».
El decreto autoriza a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) investigue y proceda judicialmente en casos de corrupción de alto impacto, sin tener que solicitarle autorización al titular del Ministerio Público (Fiscalía), Óscar Chinchilla, quien en 2023 cesará en el cargo.
El presidente del Parlamento, Luis Redondo, indicó en Twitter que hoy fue aprobado el decreto para «autorizar a la Uferco a que proceda judicialmente en casos de corrupción de alto impacto sin aprobación previa del fiscal general ni de ninguna otra autoridad dentro del MP (Ministerio Público)».
El decreto fue aprobado por los 50 diputados del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre), 10 del Salvador de Honduras y 9 de otros partidos minoritarios.
A excepción de uno de los miembros de su bancada, el Partido Nacional, que tiene 44 de los 128 asientos en el Parlamento, su bancada rechazó la iniciativa.
También se opuso una facción del Partido Liberal, tercera fuerza de oposición.
Abogados constitucionalistas, aunque respaldan cualquier iniciativa orientada a combatir la corrupción, también consideran que la aprobación del decreto es «inconstitucional» y que la Uferco estaría siendo una «paralela» al Ministerio Público.
CASTRO DICE SE BUSCA TRANSPARENCIA Y JUSTICIA
La presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien asumió el poder el 27 de enero, dijo que con lo aprobado por el Parlamento se buscan mecanismos para que haya «la transparencia y la justicia que tanto se necesita en el país».
Añadió que ha habido una posición muy clara por parte del Parlamento para que la Uferco «tenga independencia», lo que será de beneficio para el país, principalmente con algunos casos de corrupción que han sido señalados.
También hay profesionales de las leyes que están de acuerdo con lo aprobado por el legislativo, porque la Uferco debe tener las mismas condiciones de las otras fiscalías del Ministerio Público.
La Uferco ha venido trabajando desde hace varios años con muchas limitaciones, según su actual titular, el fiscal Luis Javier Santos, quien hoy aplaudió la decisión del Parlamento.
Santos, a quien diversos sectores califican como el fiscal que más se ha entregado a la lucha contra la corrupción en Honduras, también advirtió que si a la Uferco no se le brinda el personal, con la capacitación y experiencia que se necesita, los casos de corrupción que investigue podrían demorar de tres a cuatro años para que lleguen a los tribunales de justicia.
La presidenta Castro ya le solicitó apoyo a las Naciones Unidas para la creación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Cicih), la que se podría instalar en Tegucigalpa antes de que finalice el presente año.
Los doce años del Partido Nacional en el poder, los ocho últimos bajo el mando de Juan Orlando Hernández, quien el 21 de abril fue extraditado a los Estados Unidos, que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción, aunque él afirmaba que en sus dos mandatos combatió la corruptela.
En 2016, luego de un acuerdo entre el Gobierno que presidía Hernández con la Organización de Estados Americanos (OEA), se instaló en Tegucigalpa la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía del organismo hemisférico.
Pero en enero de 2020 el Parlamento hondureño, entonces controlado por el Partido Nacional, no aprobó un segundo mandato de la Maccih, que ya había denunciado actos de corrupción que salpicaron a diputados, funcionarios y exfuncionarios.