Para salir adelante cuenta con grandes recursos naturales, personal capacitado y buenas oportunidades para los negocios, aunque en la ruta debe enfrentar su déficit fiscal.
POR Carolina Barrantes y Luis Solís
En su territorio de apenas 51.100 km2, Costa Rica encierra grandes tesoros: 6% de la biodiversidad mundial, una imagen consagrada de conservación y ecoturismo, un sistema de salud público sólido y solidario, así como un sector exportador altamente diversificado en productos y mercados, con capacidad de seguir creciendo en calidad y especialización.
A eso se suma su estabilidad política y social, su sistema democrático y una población en edad de trabajar de más de 3,9 millones de personas, un gran porcentaje de ellas con preparación de alta calidad, dominio de un segundo idioma y una rápida curva de aprendizaje, a la vez que tienen facilidad para absorber nuevas tecnologías, innovar y ser propositivos para lograr mejoras en procesos. Gracias a ello, el Banco Mundial tiene proyecciones alentadoras para la nación: su economía crecería un 2,6% este 2021 y se aceleraría a 3,3% en 2022. Juegan a favor la recuperación de los países de ingresos altos y las economías en desarrollo más grandes que deben empezar a impulsar su sector externo, la vacunación mundial contra el COVID-19 que impulsará el turismo y acciones internas para generar confianza en los agentes económicos y atraer más inversión extranjera.
A tomar las riendas
Para que este idóneo escenario se haga realidad debe hacer frente a un gran pendiente que viene arrastrando por años: el déficit fiscal. En 2020 llegó al 8,34% del Producto Interno Bruto (PIB), agravado por los efectos de la pandemia y la caída interanual de los ingresos tributarios en un 11,22%. Los impuestos a los combustibles (-20,95%) y el selectivo de consumo (-27,86%) fueron los que su- frieron el mayor golpe.
El alto endeudamiento público suma al problema. A febrero del año en curso, la deuda total del Estado ascendió a unos US$40.881 millones (67% del PIB); del total, un 76,5% corresponde a deuda interna y el 23,5% a deuda externa.
Para paliar la situación, el gobierno negoció un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional por el orden de los US$1.750 millones, que servirían para estabilizar las finanzas públicas y mejorar la confianza de los mercados internacionales. Empero, hay un gran obstáculo en su camino: dicho plan está ligado a la aprobación de una serie de proyectos en la Asamblea Legislativa, la cual ha presentado muchas objeciones a los mismos, en especial a la Ley Marco de Empleo Público.
Especialistas consultados por Summa afirman que dicho acuerdo con el FMI no es la salvación para Costa Rica, pero sí una medida necesaria para exponer al mundo una mejor imagen, a la que se tienen que sumar “sí o sí” otras acciones para sanear las finanzas.
“No hay que olvidarse que la economía costarricense tiene problemas estructurales que ya se hacían sentir antes de la pandemia y que se seguirán sintiendo de no generarse cambios, como la falta de competitividad, altos costos operativos, alto desempleo, aumento de la desigualdad y la pobreza, entre otros. Sin embargo, eso no quiere decir que el acuerdo con el FMI no sea de gran importancia, al fin y al cabo se trata del voto de confianza al país y a su imagen”, sostiene el economista Javier Adelfang. Gabriel Torres, VP Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service, concuerda al señalar que con ello Costa Rica le está diciendo al mundo la forma en que va a resolver su serio problema fiscal: “Si el Fondo actúa como contralor y apoyo técnico, es excelente, ya que da respaldo para buscar fondeo adicional y atraer inversión”.
Un escenario complicado
De no aprobarse el acuerdo con el FMI y sus proyectos paralelos en la Asamblea Legislativa y si el gobierno no impulsa los cambios estructurales requeridos, junto con acciones para reactivar la economía, la nación entraría en un gran riesgo. El economista Gerardo Corrales acota que iría por una ruta de “endeudamiento insostenible”.
“Los impuestos del país apenas alcanzan US$9.000 millones y el presupuesto del gobierno es de US$19.000 millones anuales. De tal manera, no abordar la reducción del gasto, la reforma del Estado, el ordenamiento del sistema de remuneraciones del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto haría que el gobierno entrara en un problema de liquidez este año, imposibilitando el poder atender sus obligaciones de pago de principal e intereses. Generaría desconfianza y problemas de pago salarios, entre otros riesgos”. Representantes del BCIE acotan que el “no” al FMI ocasionaría temor en los mercados financieros y causaría un retroceso en la confianza alcanzada recientemente por los inversionistas, aumentando los niveles de incertidumbre. Citan otro punto importante: algunos bancos multilaterales de desarrollo están programando su financiamiento a Costa Rica para los próximos meses con base a que se concrete el financiamiento del FMI.
El economista Daniel Suchar agrega que el país “quedaría rezagado frente a sus pares centroamericanos y, lamentable- mente, podría generarse una sinergia negativa hacia inversionistas que valorarían a corto y mediano plazo buscar otras alternativas en la región, impactando tanto en los niveles de actividad económica como en el nivel de desempleo”.
Positivismo en el horizonte
El gobierno central confía en lograr la aprobación del convenio para mediados de este año. En palabras de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, los congresistas “tienen conciencia” de su necesidad y de aplicar medidas para alcanzar un ajuste fiscal. A la vez, encamina otras acciones para promover la reactivación económica, apoyada en que la economía mundial ya se está moviendo, tras las medidas restrictivas que se impusieron por la pandemia.
La manufactura desde zona franca destaca por su buen desempeño, explicado por la industria de los dispositivos médicos. El enfoque será impulsar otros sectores claves, como turismo, transporte y comercio, así como la construcción, que venía mal desde antes de la pandemia. Según Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, la adhesión del país a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, alcanzada en 2020, le permite tener “una hoja de ruta para abordar los problemas identificados, conforme a las mejores prácticas mundiales”.
El gobierno también trabaja en abordar el alto costo de los alquileres que paga por sus oficinas y el alto grado de dispersión que existe entre una institución y otra. Para esto, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, avanza en la formulación del proyecto Ciudad Gobierno, que consiste en crear, a través de una Alianza Público-Privada, un complejo inmobiliario que albergará las oficinas centrales de las instituciones públicas.
