“Estamos comprometidos con este modelo para desarrollar la infraestructura de primer nivel que requiere el país y así crecer y generar empleos”, dijo el mandatario.

Por Revista Summa

El Presidente de la República Carlos Alvarado firmó este jueves la Ley 9701 de Fortalecimiento de Modelos Eficientes de Alianzas entre el Sector Público y Privado (APPs) para mejorar la gestión y el desarrollo de infraestructura pública.

La legislación, impulsada por la diputada liberacionista Silvia Hernández, reforma y modifica la Ley General de Concesiones con Servicios Públicos con el objetivo de combatir las debilidades de la figura de concesión y generar capacidades, transparencia y disposición de recursos para una adecuada implementación de los proyectos.

“Fortalecer las alianzas público privadas permitirá acelerar el crecimiento y desarrollo del país y aprovechar al máximo nuestras capacidades para impulsar obras de infraestructura. Esto es lo que Costa Rica necesita hoy para dinamizar la economía y generar más y mejores empleos para todas las personas”, reflexionó el mandatario.

La firma de la ley estuvo a cargo del Presidente Alvarado, el Ministro a.i de Hacienda, Nogui Acosta, y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata. En el acto participaron, además, la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, y la diputada Hernández.

“Es clave implementar mecanismos novedosos de concesión para invertir en infraestructura en un entorno fiscal complejo”, comentó la legisladora Hernández.

“La presente ley dota elementos novedosos para la implementación de modelos transparentes y eficientes de asocio entre el sector público y privado, a través de herramientas como la Optimización de Activos de Infraestructura Pública, el Fortalecimiento de la Preinversión, el Desarrollo de Capacidades Técnicas y la Atracción de inversión a proyectos”, precisó.


Las modificaciones

Las principales modificaciones son las siguientes:

  • Amplía la posibilidad de concesionar bienes de uso público, agregando la figura “optimización de activos de infraestructura” como uno de los posibles contratos administrativos. Esto permitirá, por ejemplo, concesionar infraestructura que ya existe, para poder darle mantenimiento y garantizar sus buenas condiciones.
  • Concesionarios deberán reconocer al Gobierno un pago inicial o diferido por las obras preexistentes. Estos recursos deberán ser invertidos en proyectos de obra pública y servicios conexos.
  • Elimina la restricción para la contratación de estudios que existía previamente y fortalece las funciones de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, órgano desconcentrado del MOPT, incluyendo entre sus tareas la promoción nacional e internacional de los proyectos por concesionar.
  • Se agregan fuentes de ingresos al Fondo Nacional de Concesiones para la promoción de capacidades de la institución y la preinversión de proyectos.

“Es un compromiso del Gobierno utilizar la figura de las APPs para desarrollar las obras públicas que requiere el país, para tener infraestructura de primer nivel y para crecer y generar empleos”, resaltó el mandatario.

En tanto, Hernández consideró que “nuestro país debe dejar de lado el prejuicio hacia modelos de asocio público privado, pero sobre todo dar el salto hacia una forma de gestionar infraestructura con visión de largo plazo, solidez técnica, transparencia y un beneficio palpable para las comunidades cerrando la brecha actual en infraestructura pública”.

La ley firmada este jueves es uno de los proyectos que el gobierno se comprometió a convocar con la fracción de Liberación Nacional, en el marco de la negociación del Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

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