La Defensoría pidió además que se especifiquen las medidas y acciones que tomará la Administración Superior para subsanar la situación denunciada.
Por Revista Summa
La Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, pidió cuentas al nuevo jerarca de la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A. (RECOPE); sobre las razones por las cuales la institución no ha implementado al 100% el uso del Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP) en sus procesos de compras y contratación administrativa.
En un oficio dirigido al Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada Espinoza, la Defensoría cuestionó que RECOPE utilice una plataforma interna denominada Sistema Integrado de Gestión (SIG-SAP); mediante la cual, según información dada a conocer por la prensa, se asignaron al menos la mitad de las licitaciones entre los años 2018 y 2021.
“La modernización de los procedimientos de compras públicas y de contratación administrativa, han sido procesos de interés público en aras de procurar la transparencia y publicidad en las instituciones del Estado; con esa finalidad se han implementado diversas plataformas como CompraRED, MER-LINK y, actualmente, el SICOP”, manifestó Crespo.
El SICOP fue creado mediante el Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT del 15 de enero de 2015 como una plataforma tecnológica de utilización obligatoria para el sector público en la tramitación de los procesos de contratación administrativa. Asimismo, mediante el Decreto N°41438-H del 12 de octubre de 2018 que reglamenta el accionar de esa plataforma, se estableció la obligación para los proveedores registrados y todos los órganos, instituciones y entidades de derecho público de suscribir un contrato de prestación de servicios para su uso con Radiográfica Costarricense S.A (RACSA).
“Es por ello que estamos pidiendo un informe en el que se detallen las razones por las cuales RECOPE no ha implementado al 100% el uso del SICOP en sus procesos de compras y contratación administrativa, así como la justificación del uso de la
plataforma interna SIG-SAP, al margen de lo dispuesto en la normativa que regula esos procesos”, puntualizó Crespo.
La Defensoría pidió además que se especifiquen las medidas y acciones que tomará la Administración Superior para subsanar la situación denunciada e incluir el cronograma de ejecución de esas acciones a efectos de que todo proceso contratación administrativa que requiera RECOPE se realice por medio del SICOP.
Asimismo, que se indique si la Administración valora la apertura de una investigación interna a efectos de determinar las eventuales responsabilidades administrativas.