Esta es la reacción de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ante el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y las medidas anunciadas por el Gobierno. 

Por Revista Summa

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reconoce el difícil momento histórico que atraviesa el país, en el marco de una delicada situación fiscal que se ha empeorado notablemente a raíz de la atención de la emergencia sanitaria.  

Se comprende que es el momento de tomar medidas severas y que todos los sectores tendremos que contribuir a superar este difícil trance. Somos conscientes de que resulta necesario impulsar un plan para superar el impacto de la pandemia y evitar que el país entre en una crisis de proporciones mayores, con el objetivo de garantizar la estabilidad económica y social, por el bien de todos los habitantes del país. 

Sin embargo, resulta en extremo preocupante que las medidas que se pretenden impulsar se enfocan fundamentalmente en aumentar la carga tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en un contexto en el que urge que la economía se reactive para combatir los niveles de desempleo y subempleo que estamos enfrentando. Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social.  

No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza, de manera sostenida y sostenible, es la generación de más y mejores empleos y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos. 

Es necesario que se incorpore, como parte de la solución, un plan agresivo para contener el desproporcionado gasto gubernamental y que se entre de lleno a mejorar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos. 

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