Este tipo de estudios, al realizarse de forma periódica, se convierten en un registro de mejora una vez que son implementados.

Por Revista Summa

En el primer trimestre del año, la iniciativa CoST Costa Rica fue elegida, junto a las iniciativas CoST de Ucrania, Afganistán y Tailandia, para implementar el Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), una herramienta que evalúa cuatro dimensiones: marco jurídico, capacidades y procesos institucionales, participación ciudadana y divulgación de la información de los proyectos de obra pública que realizan las instituciones del gobierno central, autónomas y gobiernos locales.    

En este primer Índice se evaluaron 30 entidades que han realizado proyectos de obra pública en los últimos años, pertenecientes a la Administración Central y Descentralizada y gobiernos locales, seleccionando dos proyectos por institución y la calificación se basó en 94 indicadores, los cuales fueron aplicados a cada institución. 

La investigación consistió en un análisis de las prácticas institucionales y las condiciones nacionales que dan lugar a la transparencia y a la rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública. La puntuación resultante se publica en forma de índice en una escala de 0 a 100 que clasifica a la entidades o instituciones contratantes y proporciona una evaluación a nivel nacional por sectores.  

Las tres instituciones con la calificación más alta de acuerdo con esta metodología son las siguientes: en primer lugar, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) con una calificación de 77,4, en segundo lugar, la Municipalidad de Pérez Zeledón con una calificación de 75,7 y en tercer lugar el Instituto Nacional de Seguros (INS) con una calificación de 72,0. La calificación promedio de las 30 instituciones es de 47,5. Del total de instituciones evaluadas, tres obtuvieron notas arriba de 70 puntos, dieciséis obtuvieron notas arriba de 50 puntos y las otras once están por debajo de 48 puntos, lo cual indica que existe un amplio margen de mejora institucional para la divulgación de la información de los proyectos de infraestructura pública.  

Dentro de las principales conclusiones de los resultados de este Índice destacan que, a pesar de múltiples esfuerzos regulatorios a nivel nacional, no hay un marco normativo específico integrado que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y el fácil acceso de la ciudadanía a la información en el sector de infraestructura y, por lo tanto, las instituciones no tienen obligaciones ni el  riesgo de una sanción por no contarse con deberes y responsabilidades claramente establecidos por un procedimiento institucional explícito y documentado para la divulgación proactiva de información vinculada a proyectos de infraestructura pública. 

No existe en el país una plataforma o sistema digital integrado donde se pueda conocer la información de todos los proyectos de infraestructura que están realizando las instituciones del sector público, ni mucho menos es posible conocer detalles como ampliaciones de plazo, variaciones o cambios, montos, si están completos, atrasados, etc. Las fuentes actuales están dispersas, incompletas y desactualizadas

Al valorar de modo general los datos obtenidos, se concluyó adicionalmente que la falta de una norma nacional sobre acceso a la información no facilita ni permite contar con mejores procesos de interacción con la ciudadanía (20 puntos), los procesos institucionales cuentan con algunas capacidades digitales (66 puntos) y hay pocos procesos de divulgación de información (36 puntos) sobre la infraestructura pública basados en estándares internacionales para la publicación de datos de infraestructura como el Infrastructure Data Standard (IDS) de CoST o el Open Contracting for Infrastructure Data Stantard (OC4IDS).   

Esta falta de procesos impacta negativamente en las oportunidades de participación ciudadana (37 puntos) y la poca retroalimentación que reciben las instituciones de los ciudadanos (entre 23 y 28 puntos). No obstante, las capacidades existentes producen un nivel casi aceptable de divulgación de información institucional (67), y aún y cuando como sistema funciona, éste tiene debilidades que pueden ser mejoradas y superadas. 

En esta muestra de instituciones analizadas, la ciudadanía no es reconocida como un actor a considerar, sino como un elemento externo más, cuando lo verdaderamente importante es incluir a la ciudadanía en las distintas etapas de los proyectos de infraestructura pública. 

“También es importante visibilizar que las páginas web institucionales, no sólo son necesarias, sino fundamentales. Son instrumentos de creación de confianza. Dispositivos administrativos como un formulario puede hacer la diferencia entre una mala o buena percepción. No es suficiente colocar información en la página web, hay que promover su conocimiento y uso”, explicó el Máster Douglas Chacón, Coordinador del estudio.  

En cuanto a las recomendaciones, es necesario evaluar el nivel de transparencia y rendición de cuentas en el sector de infraestructura pública a lo largo del tiempo, y también es necesario dar seguimiento, fomentar el progreso y facilitar el aprendizaje entre pares, mientras se ayuda a que las instituciones públicas rindan cuentas de las obras que ejecutan. 

Por último, se recomienda como indispensable crear o incluir en una norma de alcance nacional como un requerimiento formal de información, para que todas las instituciones públicas que realizan proyectos de edificación o infraestructura pública publiquen de forma obligatoria la información de esos proyectos siguiendo un estándar de datos que reúna mejores prácticas, como IDS de CoST o OC4IDS, como un medio para evaluar el estado de la transparencia de la información de infraestructura y la capacidad para mejorarla entre las Instituciones Públicas. 

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